En el discurso del 18F por cadena nacional predominó la misma lógica de cada intervención pública de la presidenta Cristina Fernández posterior a la muerte del fiscal Alberto Nisman: la omisión de cualquier referencia a este asunto con la intención de no instalarlo en la agenda de temas en debate del núcleo duro de sus electores, el 30% del padrón, con quienes promueve establecer una comunicación directa mediante mensajes en aparente código común e inquebrantable; la enumeración de logros alcanzados durante esta década.
Excepto por la supresión de alusiones festivas, resulta llamativa la insistencia en una estrategia que generó el efecto contrario al perseguido con una pérdida de casi un tercio de la significativa porción de votos que se pretendió fidelizar. Además de reforzar en la opinión pública lo verosímil de una percepción: si el Gobierno elude el tema es porque tiene algo que ocultar.
Más que rigidez de reflejos, la dificultad para elegir una nueva ruta en los enunciados revela las pocas opciones a mano en un oficialismo resignado a construir el mito del eterno retorno con el único material disponible para ese tipo de relato: el recuerdo presente de un pasado de esplendor pero incapaz de obrar como garantía plena de futuro cierto.
Además del intento de asociarse en forma evocativa al Perón anterior al golpe del 16 de septiembre de 1955, el pedido de cuidar lo obtenido denota un temor más trascendente: la limitación de recursos para mantener el artificial microclima económico en una región que busca con la devaluación de monedas una salida política a los populismos de comienzos de siglo sustentados en el auge económico de la actualmente hundida cotización de los íconos de las commodities: la soja y el petróleo.
Perspectiva más inquietante para la consigna de “Ellos o nosotros”, palabras clave de un circuito semántico completado por axiomas de validez relativa, antes y ahora. Que el pueblo no adhiere a marchas como la del silencio organizada por los fiscales pues no expresa su interés quedó desautorizado por la respuesta de la ciudadanía a la convocatoria. Pero también por el rating de la televisión abierta y por cable, salvo la TV Pública y Telefe que no modificaron su programación habitual.
Las pantallas dieron visibilidad a sectores medios bajos y bajos. Los más castigados por la inseguridad y por eso mismo los de rápida empatía con el caso Nisman, un funcionario judicial con custodia que aparece muerto en uno de los barrios más vigilados de Buenos Aires; tragedia que iguala su cotidianidad y suprime frente a ella diferencias de clase.
Figuran también en los índices de desempleo y pobreza que registran niveles similares a los del fin del segundo mandato de Carlos Saúl Menem. Con guiños a la derecha o la izquierda, no deja de ser paradójico que una década de gobierno peronista arroje el mismo resultado. Tampoco que se insista en reivindicar como valor ideológico propio la redistribución de la riqueza. Acaso el aspecto utópico e inalcanzable de lo que puede definirse como su modelo fuera de esos matices.
La formación de nuevas alianzas sobre la base del sistema político existente resume el esfuerzo que realizan por superar esa instancia Mauricio Macri y Sergio Massa, candidatos mejor posicionados en la sucesión presidencial mientras Daniel Scioli siga sometido al rol de chivo expiatorio de los desaciertos del kirchnerismo.
Coaliciones capaces de disolver un prejuicio histórico: la imposibilidad de ejercer el poder institucional sin el concurso del considerado en los hechos como un verdadero partido de gobierno. La marcha es un aleccionador esfuerzo cívico del que deberían tomar nota las dirigencias.
Es urgente acotar la larga agonía de la Argentina peronista antes de que cobre otra víctima.
*Titular de la cátedra Planificación Comunicacional, UNLZ.
