El 23 de diciembre se cumplieron 34 años del ataque al Batallón Depósito de Arsenales Domingo Viejobueno de Monte Chingolo por terroristas del ERP –Ejército Revolucionario del Pueblo–. Este gravísimo hecho, ocurrido durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, fue uno de los miles que protagonizaron las organizaciones armadas en los 70. Ese día más de 200 combatientes del ERP pusieron bombas en la vía pública, robaron autos, incendiaron colectivos, crearon barricadas para impedir el paso de las fuerzas policiales y bloquearon nueve puentes, para finalmente ingresar al batallón con la intención de robar el armamento que éste contenía. Esta acción terrorista desarrollada en el Conurbano bonaerense produjo víctimas mortales, heridos, ciudadanos que sufrieron las pérdidas de sus bienes y la prueba de que las organizaciones terroristas atacaban unidades militares en zonas densamente pobladas en aras de sus objetivos políticos.
En 2007, el ex presidente Kirchner, inauguró el Parque de la Memoria, donde fueron recordados los nombres de quienes sufrieron abusos por parte del Estado. Allí también fueron incluidos 52 nombres correspondientes a combatientes del ERP que murieron en combate durante el ataque al Batallón de Monte Chingolo.
Por ello, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas –Celtyv– presentó en diciembre pasado, un escrito ante el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y la directora ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria, Ana María Careaga, solicitando la remoción en el Parque de la Memoria de las 52 placas con los nombres de esos terroristas, incluidos como víctimas dentro de este monumento.
La presentación, firmada por la presidenta de Celtyv, detalla los nombres que hoy figuran en la nómina de personas que se recuerdan en el Parque de la Memoria, el cual brinda homenaje, según reza la placa principal, “… a los que murieron combatiendo por los mismos ideales de Justicia y Equidad”.
La presentación expresa que “sostener que quienes resultaron muertos mientras atacaban una institución de la Nación, por su propia iniciativa y durante un gobierno democrático, murieron combatiendo “por ideales de justicia y equidad es una inmoralidad, un agravio a la Constitución Nacional y una contradicción con el repudio que el monumento pretende demostrar frente a una interrupción del orden constitucional. (…) Afirmar este criterio implica que cualquiera que se alce en armas contra un gobierno constitucional puede alegar las mismas motivaciones y ser acreedor a un monumento, dependiendo de cuál sea la ideología de quienes encargan su construcción”.
La temeridad de este concepto se torna más grave aún cuando de estas acciones violentas resultan víctimas que aún hoy no cuentan con el reconocimiento del Estado.
Seres humanos que sufrieron agresiones a su integridad física y psíquica y que hoy ven homenajeados en el mármol los nombres de sus victimarios y la tergiversación de los verdaderos objetivos que esta organización armada tuvo al perpetrar los crímenes.
Con el ataque a esta unidad militar, el ERP pretendió impresionar a la población civil exhibiendo gran capacidad militar y de esta manera forzar al gobierno de Martínez de Perón a tomar determinadas decisiones políticas.
Celtyv nuclea a las víctimas del terrorismo y considera fundamental que desde el Estado no se erija como héroes a personas que murieron atacando la democracia y responsables de atentados terroristas que ocasionaron más de 15 mil víctimas, como lo descubre la investigación histórica que este centro encabeza.
El rol del Estado es proteger a la población civil ante agresiones atroces como las que el terrorismo comete, por ello, que los nombres de miembros de organizaciones terroristas estén en un Memorial no sólo es una afrenta para todas las víctimas del terrorismo, sino que implica una apología del terrorismo.
Después de 26 años de democracia, las víctimas y la sociedad siguen esperando Justicia y Verdad.
*Abogada y presidenta del Celtyv.
