El próximo 24 de agosto parecen terminar los superpoderes, y con ellos muchas disposiciones, entre las cuales se encuentran las retenciones a las exportaciones. Esto ha motivado que, en distintos ámbitos de la oposición, parlamentarios, académicos y gremiales se discutan medidas alternativas a las retenciones, en un contexto totalmente diferente al que les dio origen en el año 2002.
Repasando los argumentos, válidos o no, que se han usado para defender el establecimiento de retenciones, encontramos cuatro lineamentos distintos:
1. De política cambiaria, como consecuencia de una devaluación excesiva del peso, y con el propósito de evitar que aumenten excesivamente los precios internos de los bienes exportables (alimentos en nuestro país), como fue en la realidad desde 2002 hasta unos años atrás.
2. De carácter social, parecido al anterior, pero como consecuencia de un aumento extraordinario de los precios externos de los alimentos. Es lo que muchas veces se describió como la intención de desacoplar los precios internos de los externos para “defender la mesa de los argentinos”.
3. Como instrumento de una política de impulso industrial al procesamiento de las exportaciones de materias primas, estableciendo retenciones más altas a éstas que a los productos manufacturados con estos insumos.
4. Como recurso fiscal, para atender gastos ordinarios, considerando especialmente la facilidad de su recaudación y eventualmente el alto nivel de evasión impositiva del sector agrícola.
De estos cuatro argumentos, el primero no se sostiene más, ya que la menor devaluación de los últimos años, con relación a la inflación real, ha generado una apreciación cambiaria de nuestro peso que lo ubica en valores ya cercanos, dependiendo de las metodologías de cálculo que se utilicen, a los anteriores a la crisis a la que nos llevó la convertibilidad implantada en 1991. Podremos discutir si la apreciación del peso es un fenómeno regional, considerando especialmente lo que sucede con el real del Brasil, o un problema del dólar y/o el euro, pero sin duda hemos dejado de ser un país “barato” como lo fuimos durante varios años a partir de 2002.
El segundo argumento es equivocado, como lo he sostenido en múltiples ocasiones. No podemos perjudicar a los productores de alimentos porque sus productos sean de primera necesidad.
En la Argentina hay pobreza por falta de ingresos en vastos sectores de la sociedad, no por la falta de alimentos. Por lo tanto, no es responsabilidad de los agricultores, los ganaderos o los tamberos el combate a la pobreza.
Aquí necesitamos políticas de subsidio a la demanda, no a la oferta, para concentrar los escasos recursos fiscales en las familias que los necesitan, y así evitar que la mayoría de los beneficiarios de esos precios subsidiados sea la minoría más rica del país.
El desacople de los precios internos y externos lleva a la pérdida de competitividad frente a los competidores del exterior, que utilizan los períodos de precios altos para introducir tecnologías que no son accesibles a los productores locales, quienes consecuentemente se ven desplazados en el largo plazo.
El tercer argumento, tener un tipo de cambio diferencial para alentar el procesamiento interno, fue usado siempre en nuestro país para alentar la exportación de aceite de soja en lugar de la exportación del poroto directamente. Pero para eso alcanza con un mínimo diferencial, de no más de 5%. La intención de estimular la exportación de pollos, carnes, y lácteos, elaborados a partir de soja es muy justificada, y es algo que han logrado hace años en los EE.UU., y que Brasil está alcanzando últimamente.
Nuestro país es el único de los grandes productores mundiales de soja que exporta sin procesar (el aceite es un proceso mínimo) más del 90% de la soja cultivada. En los EE.UU. no llega al 50%, lo que significa que la soja se transforma en productos de mucho mayor valor agregado, como cerdos, pollos, lácteos, o energía.
Ahora, ¿por qué este estímulo no funciona en nuestro país, a pesar del enorme diferencial de retenciones entre la soja y esos subproductos? Porque esas actividades requieren reglas claras a mediano y largo plazo, además de financiamiento accesible a plazos y costos razonables (como tienen en Brasil), y también un acceso a los mercados mundiales de esos productos (como tienen en Chile), de los que la Argentina carece. Y además, increíblemente, trabamos la exportación de lácteos y de carnes, y aplicamos controles de precios a los productos avícolas. O sea, una política disparatada, incoherente con el estímulo al procesamiento de las materias primas que hubiera generado trabajo en el interior del país.
Por eso, la defensa de las retenciones a la soja sólo se explica, en este contexto, por su contribución a los recursos fiscales y en función de la facilidad con que se recauda. Pero en este caso cabe advertir que es sumamente distorsivo como impuesto, ya que alienta la evasión, lo que a su vez desalienta el procesamiento interno en los canales formales.
Hace varios años hice una propuesta (ver cuadro adjunto) que considero que mantiene su vigencia, y consiste en anunciar un cronograma de reducción de las retenciones a la soja (las otras no son ya justificables ni siquiera por su contribución impositiva) y compensar la pérdida de recaudación con la colocación forzosa, pero decreciente, de títulos públicos.
Esos títulos, en condiciones de mercado, hoy cotizan alrededor del 80%, por lo que los exportadores sufrirían una muy pequeña pérdida, y esos mejores precios se trasladarían a todos los productores. A su vez, el Estado se beneficiaría porque mantendría el mismo nivel de ingresos (aunque con más deuda y menos impuestos), pero además tendría los mayores impuestos a las ganancias que tributarían los productores, y que serían superiores a los intereses que generaría la nueva deuda. En el ejemplo que se adjunta, se podría reducir las retenciones al 10% en 2014, sin afectar las finanzas públicas en los próximos años ni generar las distorsiones de precios que implica un sistema de altas retenciones como el actual.
