Lava Jato y la impunidad argentina

La operación Lava Jato es la más grande sobre corrupción desarrollada en la historia de Brasil, e impactó en gran parte del mundo. Odebrecht, una gran empresa brasilera, sobornó a cambio de grandes contratos para construir obras públicas, a los funcionarios de los estados que a través de operadores cambiarios escondieron el dinero de las coimas. Esta matriz se extendió a la Argentina, Perú, Panamá, Colombia, Venezuela, México, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Angola, Mozambique, entre otros. Este caso permite pensar una de las deudas de la democracia, porque desde del siglo XX una de las grandes promesas era la igualdad derivada de los derechos universales. Sin embargo, y como contracara de esa promesa incumplida, la democracia muestra cómo una matriz de corrupción, que articula al poder económico y a los partidos políticos que ejercen el gobierno, se replica en el mundo. En cierta forma explica porqué cada vez menos tienen mucho más y porqué muchos más tienen cada vez menos.

Se estima que en Argentina, según los datos que publicó la SEC estadounidense –nuestra Comisión de Valores–, Odebrecht reconoció haber pagado alrededor de US$ 35.000.000 en nuestro país de manera irregular y que salpicaría a toda la dirigencia política; es decir al gobierno saliente de Cristina Kirchner como al de turno de Mauricio Macri y los empresarios. De hecho, la Justicia tiene viejos y nuevos expedientes relacionados con la recepción local del Lava Jato.

Para conocer cómo funcionó dicho esquema de corrupción en nuestro país, es indispensable que declaren los brasileños que se acogieron a lo que se conoce como “delación premiada”. Para eso hace falta que los jueces y fiscales argentinos los citen. ¿Cómo se puede hacer? Se puede viajar, se pueden hacer videoconferencias o pueden declarar vía exhorto. Pero el tema es que los escuchen. ¿Qué podrían aportar? El mapa de la corrupción. Fernando Meirelles y el resto de los arrepentidos podrían, por ejemplo, declarar en la causa que lleva el juez Marcelo Martínez de Giorgi que investiga precisamente cómo se gastaron los US$ 35.000.000, o las investigaciones sobre obras públicas más específicas que llevan adelante los jueces Sebastián Casanello y Ariel Lijo, junto a la denuncia más reciente sobre Gustavo Arribas que investiga el juez Rodolfo Canicoba Corral, a raíz de la nota que publicó Hugo Alconada Mon para el diario La Nación.

¿Por qué todavía no declararon los arrepentidos brasileros? Más allá de algunos exhortos librados y de los movimientos diplomáticos del gobierno, el misterio subsiste. Una intuición para comprender es que el caso Lava Jato iguala el acceso a la corrupción y es una suerte de mancha que se despliega por todo el arco político. Y entonces la explicación es más fácil y quizás más triste. La escribimos con el fiscal Delgado en La cara injusta de la Justicia: hay persecución selectiva debido a la dinámica del Poder Judicial, que persigue a los que ya dejaron el poder y es simpático con el oficialismo. Y una pregunta aún más cruda: ¿qué hubiese pasado si no estaban los medios como factor externo que revelan la corrupción y aceleran los tiempos de la Justicia? En el caso argentino, los diarios PERFIL con las notas de Emilia Delfino y La Nación con Hugo Alconada Mon.

Nuestra historia indica que la Argentina es un terreno fértil para el Lava Jato por la impunidad. El Estado ha sido fuente de negocios más que el instrumento para mejorar la vida de las personas. Pero también es una oportunidad para cambiar ese rasgo. Si logramos saber cómo Odebrecht gastó esos millones en los funcionarios y empresarios argentinos de forma irregular para construir obras públicas, quizá podemos iniciar el camino colectivo para sanear nuestra democracia.

*Politóloga y coautora de La cara injusta de la Justicia (Paidós).