Esta semana, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobó el plan de adecuación propuesto por el Grupo Clarín, cerrando así un ciclo de confrontación nefasto tanto para el Gobierno como para el periodismo.
Durante los últimos cuatro años los argentinos asistimos a una suerte de guerra santa entre los supuestos representantes del establishment monopólico comunicacional y un gobierno dispuesto a fraccionarlo contra viento y marea. El saldo de esta contienda dejó herida a la credibilidad periodística, anémico al Gobierno y dividida a la sociedad en su carácter de víctima principal.
Desde que la Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad de los artículos cuestionados por el grupo Clarín (41, 45, 48 y 161), las aguas se aquietaron, el multimedia cumplió presentando en tiempo y forma su propuesta de adecuación voluntaria y el Gobierno comenzó a intentar “readecuarse” frente al nuevo cuadro de situación que aparejó el resultado de las elecciones.
Desde el fallo del máximo tribunal, que sobrevino dos días después de la derrota del 27 de octubre, el Gobierno viró sin escalas del ansia destripadora hacia una notable y extraña calma. Las preguntas que frente a esto podría hacerse cualquier ciudadano medianamente interesado en el tema son básicamente tres: ¿Qué pasó al final? ¿Ganó alguien o el asunto terminó empatado? ¿Y a mí en qué me afecta todo esto?
La respuesta la irán dando los hechos consumados aunque ya empieza advertirse con claridad la búsqueda de un nuevo adversario mediático por parte del Gobierno (la mira se ha posado ahora sobre La Nación) tanto como su afán por favorecer a Cristóbal López como potencial comprador en el caso de que Telefónica de España deba desprenderse de Telefe.
De ningún otro modo puede interpretarse la insistencia del oficialismo en no incluir en las últimas reuniones del directorio de Afsca al plan de adecuación presentado por Telefónica y el Grupo Prisa. Su exclusión no obedece a impedimento o falla técnica alguna en el plan de adecuación sino más bien a la evidente, y ya inocultable ambición gubernamental, de incorporar a Telefe al conglomerado de medios oficiosos que ha ido formando.
Lo cierto, hasta el momento, es que el Gobierno ha destinado una energía política impresionante de manera ineficaz, políticamente contraproducente y socialmente gravosa. Desde la perspectiva del ciudadano común el oficialismo no ha hecho más que enfrascarse en asuntos insustanciales o de afectación tangencial, quitándole el foco a aquellas cuestiones vivenciadas como más centrales y urgentes.
La búsqueda desesperada por apoderarse de vehículos que difundan su gesta ha terminado por inflacionar el relato haciéndole perder sustento y valor. Por eso, el problema comunicacional del Gobierno ya no pasa centralmente por razones ligadas al control de medios sino por la caída de su credibilidad. El relato no “vende”, se ha depreciado.
En definitiva: esta disputa le ha hecho mal al Gobierno, al periodismo y a la ciudadanía. Todos deberíamos aprender la lección: cuando cualquier Gobierno intenta hacer pasar lo irreal por real, perdemos todos. Cuando el periodismo deja la objetividad de lado para transformarse en tribuna opositora o militante, perdemos todos. Cuando semejante esfuerzo es puesto al servicio de la depredación económica, la concentración del poder y el armado de una red discursiva genuflexa, en vez de enfocarse en asuntos constructivos de verdadero interés social, los gobiernos pasan con más pena que gloria mientras se degrada la condición institucional, funcional y estructural del país.
Una de las pruebas más consistentes de que el “relato” ya casi no convence ni a los propios, es que este 17F no se vieron afiches alusivos, ni el Gobierno organizó recitales y ni siquiera sus militantes salieron a las calles a manifestar su alegría ante lo que, hasta hace muy poco, era considerado un objetivo estratégico y revolucionario fundamental.
¿En qué le ha afectado a la ciudadanía la batalla por la Ley de Medios? Los resultados están a la vista: un triunfo a lo Pirro de la mano de un deterioro generalizado; un esfuerzo estatal monumental para que parezca que todo ha cambiado cuando, en realidad, lo que cambia es para igual o peor. Ambos “bandos” seguirán haciendo de las suyas con más heridas sobre sus espaldas, generando quizás algunos límites de convivencia sin que la famosa Ley de medios le cambie dramáticamente la vida cotidiana a los argentinos.
*Director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).
