El 18 de febrero se cumplieron 62 años de la firma del Tratado de Montevideo, que instituyó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc) dando inicio a un tortuoso proceso de inacabados intentos de integración. El tratado, rubricado por Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Venezuela y Perú, estableció los mecanismos para alcanzar una zona de libre comercio en 12 años. Los países tomaron el compromiso de reducir los derechos aduaneros a través de negociaciones periódicas que quedarían reflejadas en Listas Nacionales y Listas Comunes.
La situación internacional influyó sobre la importancia de generar un mercado ampliado para diversificar la estructura productiva. La creación de la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1957, principal socio comercial, planteó un interrogante sobre la continuidad de una matriz de exportación de recursos naturales e importación de productos industriales. La Cepal, a través de su secretario ejecutivo, Raúl Prebisch, promovía la sustitución de importaciones apoyándose en la tesis del intercambio desigual que pronosticaba una situación desventajosa ante la necesidad de afrontar déficits crecientes en la balanza comercial y falta de financiamiento para el desarrollo.
El pensamiento de la Cepal estuvo presente en los artículos 15 y 16 al plantear la integración y complementación de la producción industrial, la coordinación de las políticas y la posibilidad de celebrar acuerdos de complementación por sectores industriales. El tratado contenía también cláusulas tendientes a evitar cualquier desventaja o perjuicio a las partes ante cambios en los flujos de comercio o situaciones especiales.
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Los cambios políticos, la división provocada por el Acuerdo de Cartagena de 1969 y también la incertidumbre sobre la situación internacional afectaron la voluntad de las partes para otorgar nuevas concesiones y no ayudaron a profundizar la integración. La falta de progreso condujo a la creación de la Asociación Latino Americana de Integración (Aladi) en 1980, que recogería el acervo histórico de la Alalc y avanzaría con los Acuerdos de Complementación en sectores industriales de mayor concentración y presencia de multinacionales.
El Tratado de Montevideo de 1960 contenía un ambicioso programa de convergencia y armonización de las políticas de los Estados partes que hubiera permitido una ecualización horizontal para favorecer las inversiones. Están nombrados los regímenes de importación, exportación, inversiones externas, tratamiento tributario, prohibición de subsidios, y agregaba la coordinación de las políticas agrícolas. También avanzó en la creación de un comité ejecutivo permanente para garantizar la aplicación de los acuerdos e incorporó a la Cepal como órgano de asesoramiento técnico.
Los problemas de la integración de América Latina no han cambiado mucho desde los años 60. El comercio intrazona oscila en el 13% del total a pesar de que las posiciones liberadas intra-Aladi superan el 80%. Los países aún tienen pendientes desde esos años la convergencia y la armonización de sus legislaciones para validar las condiciones de competencia y atraer financiamiento y tecnología externos. El mercado común constituye hoy una quimera a pesar de los ejemplos que han dado otras regiones.
La Cepal podría retomar el papel técnico previsto en el Tratado de Montevideo que, si bien no recibiría la misma publicidad que las proclamas políticas, contribuiría a esa armonización y convergencia que los líderes de esa época preveían para alcanzar los objetivos planteados.
El Tratado de Montevideo de 1960 tuvo una visión sobre las perspectivas de América Latina y, a pesar de los años transcurridos, sus objetivos tienen, hoy más que ayer, plena vigencia en un mundo donde primará la inestabilidad y un mayor regionalismo por un largo tiempo.
