Los nombres de los comandantes Fidel Castro Ruz, Hugo Chávez y Daniel Ortega resonaron varias veces en el recinto del Palacio Nacional donde tuvo lugar la VI Reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Los presidentes de Cuba, Miguel Diaz-Canel, de Venezuela, Nicolás Maduro, y el canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, no cesaron de invocar a sus comandantes para justificar sus políticas como si la recurrencia a las charreteras formara parte de la épica revolucionaria y anticolonialista.
La reacción inevitable de Paraguay, Colombia y Uruguay por la presencia de Nicolás Maduro dio una nota de color a los monólogos de las autoridades presentes pero también mostró las tensiones creadas por el intento de forzar el reconocimiento de gobiernos cuya legitimidad está cuestionada. La diplomacia mexicana patrocinó la llegada subrepticia de Nicolás Maduro para ostentar su principio de no juzgar a los gobiernos basándose en la “no injerencia en los asuntos internos” pero no respetó las posiciones de otros países que no comparten esa visión desatendida sobre la democracia y los derechos humanos.
El presidente López Obrador también se explayó sobre el tema en su discurso inaugural al promover una comunidad económica, incluyendo a los Estados Unidos y Canadá, donde se respetara la soberanía, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos y en caso de discrepancias someterlas a consideración en el ámbito de las Naciones Unidas. López Obrador extendió de esa forma un manto de protección a las violaciones de las normas democráticas o los intentos de permanencia indefinida en el poder. Esta mirada sobre las relaciones entre los Estados lleva implícito un cambio con relación al momento en que se firmaron la Carta Democrática Interamericana el 11 de setiembre de 2001 y el Compromiso Democrático del Mercosur del 25 de julio de 1996.
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Estos documentos democráticos fueron elaborados con la mirada en el pasado de América Latina cuando las fuerzas armadas interrumpían los procesos democráticos para instaurar gobiernos de derecha. El fin de la Guerra Fría alejó las posibilidades de intervenciones militares pero trajo aparejada una nueva forma de alterar las normas democráticas mediante la manipulación de las instituciones como serían los casos actuales de Venezuela y Nicaragua cuyo modelo “revolucionario” abreva en el modelo cubano de sesenta años justificado en la “lucha revolucionaria permanente”. La defensa de la democracia pasa entonces a depender del color; sin criterios objetivos se cae en la trampa de arrogarse el poder de justificar algunas violaciones y castigar otras como si las víctimas no fueran todas iguales. El cambio de paradigma constituye un retroceso para la región quizás influenciado por los vientos de cuestionamiento de la democracia que soplan desde el continente asiático.
La unidad regional constituye la mejor alternativa para sortear las dificultades creadas por la covid, pero también para superar la postergación relativa del continente en las últimas décadas. La integración económica, como lo demuestra el documento aprobado en la Celac, sigue siendo una aspiración discursiva pero con una ausencia notable de voluntad. A pesar de los años transcurridos se confunde integración con declaraciones políticas.
La integración no es de derecha ni izquierda. El presidente López Obrador señaló la conveniencia de tener un mercado único para favorecer el desarrollo productivo, aprovechar las ventajas comparativas y disminuir las importaciones desde fuera de la región para crear condiciones para las inversiones extranjeras. El Grupo de Puebla ya comenzó su campaña para socavar la “integración neoliberal” con propuestas de crear una Celac política y social para divertimento de las ONG bajo su égida. La Celac puede constituir el vehículo para poner en la agenda la integración regional pero hasta el momento pareciera no tener el suficiente respaldo entre los miembros del organismo.
