El proceso electoral va tomando caminos no previstos. Un sector de la sociedad, el compuesto por personas informadas y comprometidas con ideas y visiones del país, demanda a los candidatos definiciones “programáticas”, espera de las campañas electorales que sean verdaderas confrontaciones de proyectos de políticas públicas. Los otros votantes, la gran masa de electores, esperan más bien un clima de convivencia.
Aunque ese sector del público intelectualizado es muy minoritario, su voz se amplifica a través de los medios de comunicación. En los tiempos en que los partidos políticos eran los ejes principales de la vida política, muchas de esas personas contribuían a darles una impronta ideológica o programática. Ahora, más que en otros tiempos, los intelectuales operan como un grupo social desde afuera de las campañas electorales. Crean clima, pero influyen poco en el voto de la mayoría.
Los hay en el oficialismo y los hay en los espacios opositores; todos tienen en común que su agenda es programática y que promueven incesantemente la diferenciación de los candidatos en términos de ideas. Los candidatos, lejos de promover una confrontación de ideas, tienden a evitar las definiciones programáticas y se orientan a satisfacer lo que perciben como una gran ola de demanda de la población que pide un país tranquilo y menos diferenciado.
Mientras tanto, dentro de cada fuerza se desarrollan conflictos, competencias e incertidumbres que empiezan a tener una gravitación inesperada. Estos días se ha desatado una situación caliente en las filas del PRO y su coalición Cambiemos, por la negativa de Martín Lousteau a renunciar al ballottage en la disputa por el Gobierno de la Ciudad. El asunto es un verdadero lío que divide a los socios de Cambiemos. Si la idea de algunos era que Mauricio Macri terminaría emergiendo como “el” candidato que pasaría cómodo por las PASO para encarnar la alternativa opositora al gobierno nacional, la realidad está siendo otra: en vísperas de las PASO Macri debe afrontar una elección local en la cual su candidato tendrá que ocuparse de competir con un representante de su misma alianza nacional, y deberá atender varios frentes a la vez: además de la disputa por la presidencia tiene que ocuparse centralmente de la provincia de Buenos Aires, decisiva para sumar votos suficientes en el conteo nacional y además, ahora, el frente de la Ciudad.
En el oficialismo las cosas parecieron simplificarse cuando la Presidenta terminó por avalar la candidatura de Daniel Scioli, y efectivamente esa candidatura quedó plenamente instalada. Algunos refunfuñan, pero sin consecuencias, porque la mayoría lo avala. Pero en la no explícita divisoria de aguas dentro de ese espacio oficialista, va quedando claro semana a semana que los “ideológicos” del Gobierno pierden posiciones electorales mientras los realistas, como el mismo Scioli, las ganan.
Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires vuelve a ser un territorio difícil de manejar por la inesperada competencia que ha surgido entre dos sectores internos indefinibles en términos de estereotipos habituales, los que respaldan las candidaturas de Aníbal Fernández-Sabbatella y de Domínguez-Espinoza.
Scioli está logrando evitar que esa competencia lo distraiga de su objetivo presidencial; pero el gobierno nacional, sumando números en las distintas provincias donde se va votando, no puede dejar de preocuparse. Si, en definitiva, Scioli termina recuperando votos que los candidatos locales pierden en elecciones locales, eso indudablemente lo fortalecerá para ejercer la presidencia.
Todo eso vuelve a poner en valor el caudal electoral de Sergio Massa y su eventual rol de árbitro en el proceso decisivo. Claro que una cosa es la voluntad de los dirigentes de ejercer un arbitraje y otra muy distinta es lo que terminen decidiendo los millones de votantes cuando estén en el cuarto oscuro. De eso saben los candidatos más que la gente de ideas.
(*) Sociólogo.
