Hemos sostenido muchas veces que las crisis económicas tienen lugar cuando la política no quiere, no sabe o no puede resolver desequilibrios macroeconómicos, ya sean estructurales o coyunturales o heredados de gobiernos anteriores. Y en muchos casos, lejos de resolverlos, por desidia, por incapacidad o por impotencia esos desequilibrios se agravan hasta que terminan por arrastrar al gobierno de turno a una dinámica política de impredecible resultado.
Hasta no hace mucho, el argumento preferido del gobierno de Mauricio Macri, y aceptado por buena parte de la opinión pública, era que no se había podido hacer otra cosa. Que la opinión pública no había aceptado una receta distinta para enfrentar los problemas heredados y los desafíos macroeconómicos crónicos de la Argentina y que además no había mayorías parlamentarias que permitieran avanzar con políticas más agresivas. Pero ese argumento ha ido perdiendo peso.
En una encuesta que realizamos en la cuenta de Twitter (@luissecco), sobre un total de más de 9 mil participantes, un 39% sostuvo que el Gobierno no supo cómo resolver los problemas crónicos de la Argentina, mientras solo un 12% considera que no pudo hacerlo. Es interesante hacer notar que un 29% sostuvo que necesita más tiempo, mientras que el 20% restante respondió que no quiso hacerlo. Hay algunas construcciones interesantes como: no quiere, y aunque quisiera no sabe, y si supiera no puede, y si pudiera, se le acabó el tiempo. O como: aunque tuviera tiempo, no podría, y aunque pudiera, no sabría, y aunque supiera, no querría.
Pero más allá de cualquier cuestionamiento que alguien podría hacer sobre la representatividad de estos resultados, está claro que reflejan en buena medida una de las razones de la incertidumbre con la que se mira la dinámica macroeconómica y política actual. Porque ¿con qué grado de confianza se puede esperar que este gobierno o el próximo resuelvan la macro? No solo por las dudas que despiertan la voluntad y la capacidad de este para hacerlo, sino también por algunas de las propuestas o ideas que se escuchan de parte de algunos de los que podrían ser los candidatos de la oposición. Y no hace falta caer en lo que podría ser la amenaza recargada de la vuelta de un populismo pobre. El oportunismo electoral de la oposición no escatima promesas de más gasto, más subsidios, más consumo, pero sin decir nada de cómo piensa financiarlo. Incluso se los escucha decir que no hacen falta reformas sino acuerdos sectoriales y pactos sociales. Que hay que perfeccionar los acuerdos de precios y los controles y otras tantas medidas y políticas que no han hecho más que contribuir al fracaso de la Argentina de los últimos 75 años.
Precisamente, el control de precios ha concentrado buena parte del debate y de la atención de la opinión pública de los últimos días. Entre otras cosas, porque fue el mismo oficialismo desde donde se impulsó el denominado proyecto de “ley de góndolas”. Sin entrar en detalles sobre este, su filosofía descansa en la presunción de que la inflación obedece a ciertas prácticas de comercialización que llevan adelante las grandes empresas o aquellas que, sin ser grandes, ostentan posiciones monopólicas y las grandes cadenas de distribución. Ahora bien, basta con pegar una mirada para darse cuenta de que casi no hay ejemplos de empresas (sobre todo cuando de consumo masivo se trata) o cadenas de comercialización que solo existan en Argentina (solo un par de las grandes son nacionales). Las mismas empresas y los mismos supermercados que están aquí están también en los países vecinos y en el resto del mundo. Y en los países vecinos y en el resto del mundo no hay inflación. ¿Y entonces? Del lado del Gobierno, más por presión mediática, de la oposición y de la opinión pública que por convencimiento, se ha instalado la idea de que algo hay que hacer. Pero debería tener el cuidado de no hacer cualquier cosa. No solo habría que cuidarse de hacer cosas que ya está probado que no sirven, sino también de desperdiciar buenas ideas si se anuncian de manera aislada o descontextualizada, sin un programa integral que las contenga, que recree expectativas, y que permita reconstruir la credibilidad y la confianza perdidas.
Tal vez la razón fundamental de la impresión generalizada de que el Gobierno no supo resolver los problemas económicos crónicos de la Argentina radique precisamente en la ausencia de ese programa integral. De una hoja de ruta que les dé sentido a las medidas que se toman para resolver los desequilibrios macro y que al mismo tiempo permita que los costos de corto plazo se compensen con los beneficios que se perciben de las políticas que apuntan a mejorar el largo plazo. Ese es el rol fundamental de las reformas que mejoran la solvencia y la competitividad de largo plazo: mitigar las consecuencias de las políticas que apuntan a desinflar y a corregir los precios relativos en el corto. Hoy, lamentablemente, solo se perciben estas últimas.
*Economista director de la consultora Perspectiv@s Económicas.
**Consultora en Bioeconomía y Comunicación Estratégica.
