El 31 de julio fue un nuevo punto de inflexión para la política económica. Los mercados financieros volvieron a declarar a la Argentina en default, vetando el acceso al financiamiento externo. El Gobierno, que había soñado con una transición ordenada, ahora se envuelve en viejas consignas nacionalistas para eludir sus responsabilidades y justificar, desde lo ideológico, la remake de “vivir con lo nuestro”.
No se trata de una decisión estratégica, sino más bien de una respuesta táctica y voluntarista ante sus propios fracasos. El año pasado había iniciado el camino para reconstruir los puentes con la comunidad financiera internacional y de esta forma minimizar los traumas de la transición a 2015. La lógica era simple, captar una parte de la abundante liquidez internacional para descomprimir la restricción de dólares y, al mismo tiempo, sostener el gasto.
El reconocimiento de juicios perdidos ante el Ciadi, un nuevo índice de precios, la compensación a Repsol y el acuerdo con el Club de París fueron los hitos elegidos para volver al mundo financiero. El default dinamitó este camino y obligó al Gobierno a volver sobre sus pasos. Ahora, la normalización financiera luce lejana.
La reciente propuesta de ley enviada al Congreso que ofrece pagar en la Argentina a los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 enfrenta varios desafíos. Si el Congreso aprueba la ley, qué garantías hay de que los acreedores acepten el canje. Más importante aún, nadie puede dimensionar los costos de eludir un fallo de la Justicia norteamericana. Por sesgada que sea la sentencia, lo cierto es que el Gobierno eligió esa legislación cuando emitió la deuda.
La saga puede sumar un nuevo capítulo a fines de septiembre, cuando los tenedores de deuda reestructurada pueden exigir la aceleración de los pagos. Por el simple hecho de no percibir sus acreencias, se entraría en un proceso de reclamos que podría extenderse a todos los bonos emitidos bajo ley extranjera. De llegar a esta situación, estarían en juego nada menos que unos US$ 35 mil millones, que se sumarían a los US$ 15 mil millones en manos de los holdouts.
En rigor, los problemas financieros no hacen más que agravar una coyuntura compleja. A principios de año, en el marco de una violenta pérdida de reservas, el Gobierno ensayó una típica corrección financiera: devaluó y subió las tasas de interés para tentar a los ahorristas a mantener pesos. Pero no avanzó en ninguno de los problemas de fondo, como la inflación y el descontrol fiscal.
La actividad está lejos de sumar buenas noticias. El poder adquisitivo de las familias está cayendo, el crédito se contrae en términos reales (si restamos la suba de precios) y está aumentando el desempleo. Obviamente, en el mundo del Indec oficial nada de esto sucede. Lo cierto es que cuando las familias recortan los gastos del supermercado, es porque la crisis está calando hondo. Es la primera vez en todo el largo ciclo kirchnerista que el consumo cae. Ni hablar de la inversión, que salvo sectores puntuales, está fría.
En el balance final, el Gobierno deberá enfrentar lo que le queda de transición partiendo de una situación muy delicada y sin margen de maniobra. Se había jugado al salvavidas financiero que nunca llegó.
“Vivir con lo nuestro” es el nuevo/viejo lema. Como el Gobierno no parece dispuesto a avanzar en ninguno de los ajustes estructurales pendientes, la transición tendrá tensiones en todos los frentes.
El déficit fiscal, que se triplicó en el primer semestre del año, seguirá en aumento generando presiones cada vez mayores sobre el Banco Central. El Gobierno está jugado y no parece dispuesto a cambiar a último momento. A contramano de la receta de principios de año (y de cualquier lógica), inyecta pesos y reduce las tasas de interés generando un combo ideal para estimular la demanda de dólares.
El tipo cambio paralelo se dispara, ratificando la presunción de que el tipo de cambio oficial vuelve a estar barato en $ 8,50. Naturalmente, la inflación, que a mitad de año acumula más de 20%, consumió el colchón de competitividad generado por el salto de enero, y todos vuelven a esperar la devaluación. Es la crónica de una muerte anunciada, el mercado lo sabe y se aceleran las condiciones para que ello suceda.
El problema es que el Gobierno tiene que volver a devaluar con una inflación que se ubica lejos de los 25 puntos que registraba el año pasado. Ahora se mantiene en el rango 35/40%, sólo porque usó los salarios y el tipo de cambio fijo en $ 8 como anclas. ¿Qué va a pasar con los precios cuando se incorpore esta nueva devaluación (en marcha)?
El Gobierno no está impulsando la ley de abastecimiento porque quiera estatizar empresas o generar estragos en la producción privada. Sólo quiere encontrar un culpable para los problemas que no puede o no quiere resolver. Es una nueva cortina de humo.
La inflación será culpa de las empresas como la crisis energética es culpa de Repsol o la devaluación de enero fue culpa del presidente de Shell. Ejemplos sobran, la responsabilidad siempre es de los otros. La crisis que nos vuelve a cruzar no deja de ser culpa del juez Griesa, siguiendo la lógica oficial.
Aunque soy muy optimista respecto del futuro de la Argentina, no puedo dejar de notar el enorme costo que se está generando en esta transición. Pareciera que el fantasma menemista vuelve, de la peor manera, dejando una pesada carga para el próximo gobierno.
En algún punto todos sabíamos que la alta inflación iba a ser un legado y que el déficit fiscal iba a ser un problema. Pero llama la atención la manera en la que el Gobierno dilapidó tantos recursos. La recaudación fiscal nacional este año va a ser equivalente a 24% del PBI, el doble de la registrada durante la Convertibilidad o el triple de la correspondiente a los 80. Aun así, el Gobierno termina financiándose con emisión monetaria, como en los 80.
Los mejores términos de intercambio de la historia y una era de tasas de interés internacionales ultrabajas para terminar recayendo en los mismos problemas de hace tres décadas.
Dentro de la herencia también se suma la política energética que le cuesta al Estado 4,5% del PBI por subsidios y más de US$ 12 mil millones en importaciones.
Pero el peor legado no se va a poner en evidencia durante esta transición. Si el Gobierno termina dinamitando la relación con la Justicia norteamericana, la posibilidad de acceder al financiamiento internacional quedará seriamente afectada.
¿Cómo se financiará el desarrollo de Vaca Muerta sin crédito externo? Se necesita el equivalente a veinte acuerdos YPF-Chevron por año (más de US$ 20 mil millones) para poner en valor las reservas de la Argentina y recuperar el autoabastecimiento energético perdido durante la “década ganada”. Además, se necesita una cifra equivalente para reconstruir y llevar a un nivel aceptable la infraestructura del país. Cómo será posible cumplir con estos desafíos sin la confianza de la comunidad internacional.
¿Qué deberá hacer el próximo gobierno para convencer a los capitales externos de que la Argentina es un país que honra sus compromisos, en el que vale la pena hundir el capital? Oportunidades de inversión existen en todo el mundo.
Si el Gobierno se mantiene en este curso de acción, la carga para la próxima administración será mucho más pesada de lo que parece. No se trata sólo de la inflación, del desequilibrio fiscal, del nivel escaso de reservas, de un Indec dibujado, de la crisis energética, del atraso cambiario y de la falta de competitividad sistémica o del déficit en infraestructura. Se trata de una transición que suma a estos graves problemas el desafío de recuperar la confianza.
En definitiva, lo que se pone en juego con esta herencia es la capacidad para desarrollar el potencial argentino.
*Economista.
Director de Analytica consultora.
