El Congreso Nacional está debatiendo el presupuesto social para el año 2010. Más de 10 millones de personas –según estimaciones privadas– están viviendo bajo la línea de pobreza y existe un escenario económico global que ofrece grandes dificultades para generar trabajo formal decente. Con este panorama, resulta evidente la necesidad de fortalecer los fondos destinados al área social, para enfrentar los problemas de exclusión y vulnerabilidad de un gran porcentaje de la población.
El desafío reside en cómo se implementan estos fondos. Es decir, con qué condiciones (formales e informales), cuándo y de qué manera llegan los recursos sociales a las personas que viven en situación de pobreza. Desde un enfoque centrado en los derechos, esto implica generar políticas que reduzcan las posibilidades del uso discrecional y que generen mecanismos transparentes para acceder a sistemas de protección social que sean inclusivos y amplios.
Para ello, no hace falta inventar la rueda. México, con una larga historia de clientelismo y discrecionalidad en el uso de los recursos sociales, logró cambiar esta tendencia en la última década. Se logró mediante la inclusión de medidas legales y acciones específicas de transparencia y rendición de cuentas para el gasto social. El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades cubre a más de 5 millones de familias (lo que equivale a 25 millones de personas, 25% del total de la población mexicana).
Tuvieron grandes desafíos para implementarlo, propios de las intervenciones de gran escala y que involucran a distintos niveles de gobierno. Pero a pesar de estas dificultades, diversas evaluaciones realizadas por actores externos, académicos y hasta la prensa ratifican que no han estado condicionados a los vaivenes políticos ni electorales. Similares estándares de transparencia acompañan al programa Bolsa Familia, en Brasil, que llega a 11 millones de familias. En ambos casos, los resultados positivos de las evaluaciones de impacto lograron que los programas se transformaran en verdaderas políticas públicas, manteniéndose a través de distintas gestiones políticas.
Frente a esta experiencia, la historia reciente de las políticas sociales en la Argentina puede darnos algunas claves sobre las dificultades que enfrenta la implementación local de estos programas sin mecanismos de rendición de cuentas. Distintos estudios realizados a los programas con condicionalidad de empleo en el país han evidenciado las oportunidades de manipulación política en los niveles municipales.
Para el caso de las mujeres, en particular, estos programas han reproducido la división sexual del trabajo, ofreciendo empleos de muy baja calidad y pocas posibilidades de desarrollo personal y no han tenido en cuenta la carga desproporcionada del trabajo reproductivo no remunerado que enfrentan diariamente. También han culminado en múltiples tipos de violencia, hasta llegar, en algunos casos, a denuncias de acoso sexual. En esta línea, cabe preguntarse y repreguntarse sobre el rol que juegan las políticas y organismos específicos de promoción de derechos de las mujeres e igualdad de género.
Es interesante aprender de otros países de la región que, teniendo similares o mayores índices de pobreza, han logrado mantener y profundizar sus políticas sociales. Vale la pena profundizar el debate (tanto a nivel nacional, como provincial y municipal) sobre la importancia de establecer mecanismos de monitoreo y evaluación transparentes, que permitan aprender, mejorar y profundizar el impacto del presupuesto social del año 2010. Para que el camino recorrido tenga sentido.
*Coordinadora del Programa de Protección Social de Cippec.
