El Gobierno decidió, finalmente, reducir el monto del impuesto a las ganancias que deben pagar los trabajadores en relación de dependencia que recibían sueldos superiores a los $ 4.800 para trabajadores solteros y de $ 6.600 para los casados. Según la información oficial, esto beneficia al 10% de los trabajadores formales.
Los trabajadores con los sueldos más altos, entonces, deberían estar más contentos sin preguntarse por el fondo de la cuestión: si tiene sentido, en un país como la Argentina, que ciertos asalariados paguen, simultáneamente, impuesto a las ganancias, al trabajo y al consumo y que, por la baja calidad de los bienes públicos, deban, además, pagar, complementariamente, medicina y educación en forma privada y, en algunos casos, seguridad.
Esto forma parte del particular “modelo” de subsidios, impuestos, ingresos y gastos, que caracteriza a la Argentina de hoy, que, sintéticamente, resulta arbitrario y “azaroso”.
En efecto, si alguien es asalariado con salarios relativamente altos, paga impuesto a las ganancias, pero le subsidian, si vive en la Capital y el Gran Buenos Aires, la electricidad, el gas y los combustibles. Pero si ese mismo alguien vive en el interior del país, lo más probable es que pague impuestos pero no reciba el subsidio de los servicios públicos.
Si, por el contrario, se trata de un jubilado que percibe una jubilación mínima, ésta ha sido ajustada, en los últimos años, bien por encima de la inflación. Ni que hablar si recibe una jubilación de “moratoria”, por la cual no pagó los impuestos correspondientes en su momento. Alternativamente, si es un jubilado que recibe una cifra superior a la jubilación mínima, ha recibido ajustes por debajo de la inflación hasta la sanción de la Ley de Movilidad Previsional, o se le ha calculado su remuneración inicial con “trampas” que dan lugar a juicios crecientes. (Igual, no habría dinero para pagarle lo que le corresponde por ley, pero eso hay que “blanquearlo” con una reforma, no con una estafa.)
A la vez, existe un conjunto de trabajadores que, por su lugar de residencia, tienen subsidiado el transporte y otros que no. Los ciudadanos de Buenos Aires pagan por los servicios de la Policía Metropolitana, pero reciben un subsidio del resto de los habitantes de la Nación por el costo de la Policía Federal. O por la construcción de un subterráneo.
Los jugadores de fútbol, los empleados de los clubes, los socios de esos clubes, los barrabravas y algún que otro dirigente, reciben un subsidio público, a través del programa Fútbol para Todos, que pagamos todos. Los “trabajadores” agrupados en “cooperativas” que financia el Estado reciben un salario mensual de $ 2.600, con muy baja contraprestación, mientras otros subsidiados cobran cinco o seis veces menos a través de otros “planes”.
Algunos cineastas muy talentosos y creativos, y otros muy poco talentosos pero con buenas “conexiones” y “amigos”, reciben un subsidio público para filmar películas. Periodistas “militantes” reciben jugosos sueldos por participar en los medios de comunicación, supuestamente del Estado –de todos, oficialistas y opositores–, pero en realidad del Gobierno, pagados por todos. Obviamente, la situación más escandalosa, por sus consecuencias de largo plazo, se vincula con los subsidios a la educación universitaria a estudiantes de clase media y alta, pagada por quienes nunca accederán a ella. (¿Habrán comprado con ese dinero el trofeo que le entregaron a Chávez?)
Podría seguir con los ejemplos hasta cansarlo/a aún más, pero creo que mi punto ha quedado expuesto.
El sistema de subsidios, impuestos, el destino del gasto público, nacional, provincial, municipal, no se revisa desde hace muchos años. En los últimos, y de la mano de un fenomenal crecimiento de la recaudación fiscal, genuina y no genuina –inflación–, y de una expansión del gasto más fenomenal aún, el problema se ha profundizado y consolidado, respondiendo a la discrecionalidad populista, electoral, o a la capacidad de presionar de cada sector. O a la ideología, o al negocio.
Pero, en medio de la bonanza de la fiesta consumista, con un escenario internacional tan benigno que una parte de este esquema se financia “desde afuera” con los importadores de nuestros commodities de exportación, replantear toda esta irracional estructura de gasto no parece necesario. Por ahora, solamente por ahora.
