Curiosa la forma en que funcionan la ideología y/o la corrupción. Si Madoff realiza una estafa con inversiones en la Bolsa de Valores, “la culpa es de un sistema capitalista salvaje”. Pero cuando la estafa la hace un funcionario público, o un “sindicalista amigo”, junto a un vendedor de medicamentos truchos, “es un hecho policial, no tenemos nada que ver”.
Sin embargo, así como cuando se produce una falla en el mercado de valores que lleva a una estafa piramidal, se hace necesario revisar el sistema para verificar dónde y cómo se produjo la anomalía que permitió el delito y corregirlo. Así, cuando surge una organización que vende medicamentos falsos o robados al Estado o a entidades para estatales que se financian con nuestro dinero, resulta imprescindible, además de juzgar y condenar a los responsables, revisar el sistema que hace posible que estas cosas pasen.
A eso quiero dedicar las líneas que siguen, porque detrás de la “mafia de los medicamentos” no sólo hay un delito. Hay un sistema que lo permite, que lleva décadas funcionando y que podría, claramente corregirse.
Permítanme, entonces, repasar. En la Argentina, los trabajadores sindicalizados aportan parte de su sueldo a una obra social que le brinda una cobertura de seguro de salud. Como hay obras sociales más ricas y obras sociales más pobres, dependiendo de los salarios que cobran sus afiliados, pero los costos de los servicios de salud son independientes de dichos salarios, funcionan diversos mecanismos de “redistribución” de fondos entre obras sociales, y entre afiliados.
Complementariamente, están los hospitales públicos, para atender, en principio, a quienes no tienen cobertura, por trabajar en negro, o por no trabajar. Pero que terminan atendiendo a todos. El sistema de salud para jubilados y pensionados, quienes paradójicamente, pese a haber aportado a sus diferentes obras sociales mientras estaban en actividad, no son cubiertos por éstas, en general, cuando se jubilan. Y los sistemas de medicina privada, que brindan seguro de salud a trabajadores autónomos, empresarios, profesionales independientes o trabajadores que, además, contratan una medicina prepaga.
Detrás de toda esta maraña de entidades, subsidios cruzados, fondos públicos y privados, todo mezclado, están los prestadores de servicios independientes, laboratorios, droguerías, farmacias, profesionales de la salud. Un sistema complejo, en el marco de gastos de salud crecientes, derivados de la evolución de la tecnología.
Sistema que, además, tiende al sobre gasto, por definición, en la medida que los que consumen no pagan directamente o no tienen ningún control sobre lo que demandan. (Yo no puedo decidir qué estudios hacerme o qué medicamentos comprar.)
Es bajo este contexto, donde surge el caso particular de los medicamentos falsos, que hoy está saliendo a la luz.
En efecto, del dinero que cada trabajador aporta de su salario para su cobertura de salud, un porcentaje va a engrosar un fondo destinado a financiar tratamientos caros y prolongados, con remedios de alto precio que no son cubiertos directamente por la prestación obligatoria.
Este fondo le “paga” a cada obra social esos tratamientos de manera no automática. Cada obra social presenta una solicitud para que le “cubran” el gasto en cuestión y un funcionario decide darle curso o no a ese trámite, girando los fondos correspondientes en cada caso. En otras palabras, en el negocio de los medicamentos de alto costo interviene un laboratorio que los produce. Una droguería u otro intermediario que se lo vende a una obra social. Directivos de la obra social que “contratan” con el vendedor y que, a la vez, le solicitan los fondos a un funcionario del Ministerio de Salud. Y, por último, ese funcionario público que autoriza o no el giro de esos fondos, discrecionalmente.
Si todos los integrantes de esa cadena son “honestos”, los remedios son de buena calidad y los pagos son los adecuados. Si en la cadena surgen deshonestos, los remedios son falsos (o son verdaderos, pero alguien igual paga una coima para que se lo compren a él y no a la competencia), y muchos de los participantes de esta cadena se llenan de plata. Dinero que hasta sirve para financiar campañas electorales y otras necesidades de la política. Obviamente, esta plata no es del Estado, sino que es dinero de los trabajadores, de su sueldo. Y, obviamente también, si los remedios son falsos, no cumplen su cometido, y en no pocos casos, matan a aquéllos que los consumen. ¡Los trabajadores financian su propio asesinato!
Está claro que este sistema no lo inventaron los Kirchner. Pero está claro también que no sólo no quisieron cambiarlo, si no que, además, ellos y sus amigos se beneficiaron de él.
Por último, los que saben y hacen las cuentas comentan que con todo lo que se gasta bajo este sistema se podría tener un seguro de salud razonable para toda la población.
Pero cambiar el sistema no sería “progre”.
