Sospechas de corrupción y hechos de violencia proyectaron su sombra sobre la Policía, despertando críticas en la opinión pública y medidas drásticas en el Gobierno.
La connivencia de policías con el delito y el abuso de la fuerza no son dramas recientes. Antes bien, son fenómenos que se repiten prácticamente en todos los tiempos y hasta en naciones desarrolladas, como las series hollywoodenses lo muestran. Pero sucede que en nuestro país se producen en un contexto de criminalidad creciente y sentimiento de temor alto en la población. Entonces, además de la preocupación en sí mismo producen una sensación de indefensión, fundiendo y confundiendo el problema de la corrupción policial y el delito.
La política en la materia ha transitado –sin solución de continuidad– dos posiciones que, por su parcialidad, no han dado con el resultado.
En ciertas ocasiones, hechos resonantes de corrupción y/o abuso sensibilizaron tanto que originaron políticas de seguridad reducidas a reformar a la policía –acotando su discrecionalidad, limitando sus facultades, achicando sus capacidades de acción, etc.– en la inteligencia que una policía reformada generaría por derrame niveles de seguridad mayores. Echar policías, recortar atribuciones, reclamar el control civil, por caso, han formado parte de este minué. A la luz de los resultados, esto no ha logrado ni reducir la corrupción y el abuso policial, ni reducir el delito.
En otras ocasiones, hechos delictivos de alta connotación llevaron a políticas diametralmente opuestas, que –con más palabras que hechos– buscaron reforzar la autoridad policial y “liberarle” las manos. Declararle la “guerra al delito”, tolerar desvíos policiales, incrementar penas, arroparon esta posición. Tampoco se lograron los objetivos esperados.
Así las cosas, parecería que se debía elegir entre reducir la corrupción policial, a costa de incrementar el delito, o –por el contrario– reducir éste, tolerando aquélla. ¿Es esto un verdadero dilema de las políticas de seguridad? Definitivamente, no.
El rol de la policía se limita a la importante tarea de desarrollar acciones que por su cantidad, despliegue y/o calidad, hagan que cometer un delito sea riesgoso y costoso para el ofensor, disuadiendo así su accionar pues la probabilidad de ser arrestado, antes o después de delinquir, es alta. Para lograr esto, la clave radica en mejorar el desempeño policial.
El desempeño es el concepto central de una política de seguridad que, focalizada en reducir el delito, lo haga con los medios y procedimientos adecuados pues comporta un doble aspecto: la capacidad de alcanzar un resultado y la forma en que se obtiene ese resultado. Es decir, la eficacia y la proficiencia (proficiency).
Una política de seguridad que busque mejorar el desempeño policial contribuirá a reducir el delito, y necesariamente pondrá en evidencia las conductas y los procesos vinculados a la connivencia y el abuso.
Operativamente, la clave es lograr una administración de la información de seguridad integral y en tiempo real, tanto de lo que sucede en la realidad como de lo que sucede dentro de la organización policial. Es técnicamente posible gracias a la tecnología.
El Estado tiene todos los datos necesarios para ello, pero los tiene de manera fragmentada, en múltiples organismos (en comisarías, fiscalías, juzgados, registro de antecedentes, etc.), y con diferentes soportes y formatos (oficios, expedientes, planillas, etc.). En otras palabras, tiene los datos, pero no la información, pues esos datos no son utilizados ni para tomar decisiones ni para controlar.
Establecer un sistema de múltiples y estandarizadas bocas de reportes de delitos, totalmente “en línea”, que colecte los datos formales y reales y los integre con todas las bases existentes, permitiría una verdadera revolución en la gestión de la seguridad. Por vez primera, se podría saber qué sucede, cuándo sucede y cómo sucede, y, pedir las explicaciones del caso y/o tomar las medidas para mejorar el desempeño. Eficacia y proficiencia son dos caras de una misma moneda.
Por ello, antes que declararle la “guerra” al delito o cesantear policías “para la tribuna”, medir el desempeño –esto es, lo que la policía hace y genera–es uno de los mayores desafíos de las políticas de seguridad. Sortear este desafío comportaría un gran avance.
*Politólogo. Ex viceministro de Seguridad bonaerense.
