Mitomanía

Cuánto es 9 mil millones de dólares? ¿Qué son 27 mil millones de pesos? Caballero pundonoroso, el gobernador santafecino no debe haber querido indisponer mucho con preguntas a la dama que le hablaba.

La mujer le decía que ella y su marido le habían “dado” a esa provincia 42 mil millones de pesos en los cinco años que van de 2003 a 2008, de modo que ¿de qué se quejaba él? ¿Qué quería pedirle? Hermes Binner debe haber tragado saliva. Médico, sabe que en su profesión a veces hay malas noticias que no son dadas a quien debe recibirlas. Tal vez murmuró algo, como quien dice, mirá, no es “tan” así, fijate... Sabía que la provincia recibió sólo 27 mil millones.

Ella quería hablar con él porque Binner había preservado una conducta serena, madura y seria en el conflicto del Gobierno con el campo. Hasta Miguel Bonasso dio la cara por Binner y la semana pasada, es cierto que con muchísima cautela, se animó a pedirles a los Kirchner que dialogaran en el contexto de institucionalidad civilizada que proponía el santafecino.

Binner es una figura especial: al frente de una coalición socialista-radical, el año pasado se convirtió en el primer gobernador no peronista de Santa Fe desde la democracia. Porque no es un personaje descartable y detesta la política hormonal y artificialmente ideologizada que, en cambio, seduce en la Casa Rosada, cuando le confirmaron que Cristina Kirchner lo invitaba a una audiencia privada, se entusiasmó.

¿Estaría saliendo el sol? Después de tantas trompadas y goles en contra, ¿el Gobierno daría el paso de asumir una actitud prudente, inclusiva y democrática con quienes le reclaman ardorosamente un cambio? Frustración de Binner. Todo indica que se tuvo que resignar a que la Presidenta lo surtiera con un paquete de consignas y números alterados, una monserga de quejas.

Sentado a su escritorio en la Gobernación santafecina, le dio entonces instrucciones a su ministro de Economía para que revelara que –sencillamente– no es cierto que esa provincia recibió $ 42 mil millones de fondos nacionales en el quinquenio y que habría sido la más beneficiada por el Poder Ejecutivo Nacional.

Angel Sciara mostró al periodismo los informes oficiales, de los que surge, negro sobre blanco, que Santa Fe recibió de la Nación 15 mil millones, y no los 42 mil que Cristina Kirchner le fregó en la cara a Binner.

“Nosotros también nos preguntamos dónde está la plata”, dijo, con grácil contundencia, el ministro de Binner, quien ya había anunciado que “los números que tenemos nosotros no coinciden”. Para Sciara, “Santa Fe no es una provincia favorecida. No recibe ni más ni menos de lo que le corresponde”. Explicó que el dinero percibido por coparticipación, y que Cristina Kirchner sobrevaloró, depende de una alícuota fijada por ley.

Así, mientras una ¿desinformada? Presidenta se ufanaba de haber regado Santa Fe con unos 9 mil millones de dólares que nunca existieron, la verdad es que la Casa Rosada le debe cerca de mil millones de pesos a Santa Fe.

El episodio ilustra formidablemente un apotegma del modo Kirchner: se puede decir cualquier cosa sin pagar grandes precios. ¿No dijeron acaso en 2004 (justo ellos) que en los veinte años que siguieron a 1983 “la democracia hizo silencio sobre los derechos humanos”?

Es un procedimiento audaz, fuerte, y requiere una dureza de rostro muy especial, como la que se necesita para proferir que se ha hecho “una opción por los pobres”, pero desde el nuevorriquismo más irritante.

Un cultor de este tipo de esgrimas es el todoterreno Carlos Kunkel, diputado que le renunció al Perón hostigado por los Montoneros en 1974 y que en la actualidad es vocero incombustible del Gobierno. Días atrás, en alguna de sus varias expediciones punitivas radiofónicas, denunció que todos los sectores y categorías opuestos al Gobierno tienen esta alternativa: “Si no están de acuerdo, tienen el último domingo de octubre del año que viene, faltan 16 meses, ¿o quieren romper el orden institucional?”.

Hasta las próximas elecciones no hay nada que hacer, porque, razona, “¿qué órgano constitucional tiene la soberanía popular para evaluar al Gobierno?”. ¿Imponer impuestos superiores al 35 por ciento es una prerrogativa del Ejecutivo? El cerebro menos maquillado del Gobierno sostiene que es facultad del Congreso “disponer a quién autoriza a ejercer las facultades que tiene; además, es soberano en el ejercicio de sus facultades... Los legisladores estamos ejerciendo nuestra soberanía y no nos van a manejar desde ningún título de un gran matutino porteño”.

En resumidas cuentas, desde el Ejecutivo se puede decir lo que sea como verdad sacrosanta, aunque los hechos lo desmientan estrepitosamente. Es lo que sucede con la justificación del 44 por ciento de aumento sobre las retenciones a la facturación de la soja.

La Casa Rosada le preparó de urgencia a la Presidenta el Decreto 904, firmado el 10 de junio de 2008, por el cual se crea un “Programa de Redistribución Social”, para financiar hospitales, centros de salud, viviendas y caminos.

Luego de subrayar “el sentido claramente redistributivo que pretende fijarse para la mayor recaudación así obtenida”, el Gobierno asegura que todo realza “la cualidad redistributiva y función claramente social” de la movida.

Si bien admite que para realizar estas obras se manejará “con un criterio estrictamente federal”, y que deben ejecutarse “de manera descentralizada, con procedimientos a cargo de las provincias o de los municipios donde la obra se realice”, muestra la hilacha sin vueltas al aclarar que todo se debe hacer instrumentando “por vía de convenios a suscribirse con los señores Gobernadores e Intendentes”.

O sea que todo queda en manos de la Casa Rosada.

Remata con un alegato constitucional que da vergüenza ajena, porque sostiene que el nuevo esquema “social” para darle un fin a las retenciones “se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional”, que integra la Segunda Parte (Autoridades de la Nación) de la ley de leyes y en cuyo capítulo 3º (atribuciones del Ejecutivo) se incluye tal norma.

¿Qué dice la misma? En su inciso 1, Atribuciones del Presidente de la Nación, se estipula que “es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país”. Eso es todo. ¿Y de imponer retenciones? Nada. ¿No habrán querido decir el inciso 2? Peor. Estipula que “el Presidente expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias”.

De modo que cuando lo juzgan necesario, faltan a la verdad, desvirtúan parcial o totalmente palabras y construyen una realidad ajena a los hechos (el “relato” oficial). A medida que pasan los días, ésta parece ser la madre del borrego.