Arhur Laffer (1940- ) es un economista estadounidense graduado en la prestigiosa universidad de Stanford que supo ser consejero en política económica del Presidente Ronald Reagan y orientador de la “supply side economics” que quedó graficada en una curva que lleva su nombre. Grafica que la presión impositiva encuentra un punto máximo de rendimiento a partir del cual, todo aumento en la alícuota, incluso genera una recaudación total menor. Laffer volvió a aperecer en escena el año pasado, antes del desbarajuste fiscal de la pandemia, para volver a insistir que aún en caso de los impuestos a los ricos XL, focalizar la política económica en esa línea era contraproducente en el largo plazo para el crecimiento de toda la economía.
La fatalidad quiso que en la misma semana que la Cámara de Diputados iniciaba el tratamiento del aporte solidario, un impuesto a lo que se define como “grandes fortunas” (con otro nombre, pero con el mismo objetivo), uno de los “blancos” de este nuevo gravamen falleciera trágicamente en un accidente aéreo. Jorge Brito no fue un empresario más y si algo lo caracterizó fue su relación fluida con los estamentos del poder, especialmente después del 2003. Perfil ya informó por separado de este trágico acontecimiento con un semblante acabado del malogrado banquero. Pero su caso sirve para mostrar la ambivalencia de las relaciones entre uno y otro mundo: el político y el económico, como si ambos fuesen universos separados vinculados de a ratos y sólo por necesidad.
En los preparativos de la discusión del impuesto “a los ricos”, Brito se ocupó de manifestar su oposición a la iniciativa del diputado Carlos Heller que hizo suya el jefe de bloque, Máximo Kirchner. No fue el único empresario que sin titubear criticó la creación de un “aporte solidario” por única vez para enfrentar las consecuencias de la pandemia, empezando por su denominación culposa. Los empresarios ven en esta futura ley un avance más del Estado sobre su propio capital, aun cuando el cálculo de sus patrimonios los deje debajo de la línea salvadora de los $ 200 millones. En este tema hay solidaridad forjada entre pequeños, medianos y gigantes: el problema no es “este” impuesto sino la presión impositiva sobre toda la actividad productiva. Y también existe un bloque político mucho más compacto que los márgenes de la votación en Diputados (133 positivos) sobre quién debe cargar con el costo de los efectos de la pandemia: los muy ricos.
Argentina es uno de los pocos países en situación de paz interior cuya economía se paralizó en la última década pero que, incluso a niveles per capita, presenta un llamativo estancamiento durante medio siglo (1970-2020) y en el epicentro está la falta de inversión, aunque más no sea para reponer el capital. Hay llamativa uniformidad en la agenda de reformas esperadas y comunicadas por los empresarios, incluso los que se muestran más cercanos al fuego oficialista. Pero en esto hay una grieta con la esfera oficial, aún con la de signos políticos opuestos al Gobierno nacional. La razón: el agujero negro fiscal que deben alimentar permanentemente y que orienta la voracidad impositiva que, ante la comprobación de la curva de Laffer aún goza de buena salud, el plan B es el de crear nuevos impuestos (este o los que proyecta la CABA para el año próximo). Casi pidiendo disculpas, pero acudiendo a la razón de la emergencia. Un clásico.
En definitiva, las razones alimentan la cosmovisión de dos mundos que crecen en paralelo, mirando de reojo al otro: la producción achaca a los gobiernos su agobio fiscal, crediticio y regulatorio. Los estamentos políticos, señalan al “sector privado” por su falta de compromiso social y colaboración para salir del pozo. Pero la aguja no se mueve y se potencia la brecha entre dos mundos paralelos, que, sin saberlo, se precisan mutuamente.
