Uno de los aspectos centrales de lo que podríamos denominar el modelo K es el rol central que se le otorga al Estado en el proceso de redistribución de la renta o puja distributiva. Desde esta óptica, el Estado debe promover políticas que favorezcan dicha redistribución, incrementando su participación en la economía y propiciando una estructura de precios y tarifas favorable para las grandes mayorías de consumidores. Aun cuando ésta resulte muy distinta a la que enfrentan otras economías abiertas y relativamente pequeñas (que toman precios internacionales) como la Argentina.
La energía, el transporte y los alimentos (carne, leche, pan), que son los bienes con mayor peso en la canasta de consumo de las clases bajas y medias bajas, deben resultar, entonces, relativamente baratos. El Estado fuerza a través de impuestos, subsidios y regulaciones o interviniendo directamente en la producción/comercialización/importación de esos bienes, esa estructura de precios y tarifas favorables. Y cuando todo eso no alcanza para divorciar la estructura de precios relativos local de la internacional, también se recurre a “atrasar” el tipo de cambio, de forma tal que el valor interno de los bienes transables (energía, alimentos e insumos) se mantenga relativamente bajo como consecuencia de un dólar de exportación e importación barato.
Pero esta intervención del Estado en la puja distributiva no sólo tiene consecuencias sobre los precios relativos y sobre las decisiones de inversión y producción del sector privado. También tiene consecuencias directas sobre el tamaño del gasto público, que tiende a crecer progresivamente. El financiamiento de ese gasto creciente a través de impuestos tiene un límite. Hay que endeudarse o utilizar otros stocks disponibles para financiarlo. Como el endeudamiento no está hoy disponible, se recurre a los balances (stocks) de la Anses, el Banco Nación y el BCRA.
Las reservas en dólares del BCRA se adelgazan toda vez que se le “transfieren” divisas al Tesoro para que haga frente a sus obligaciones en el exterior, mientras que el pasivo en pesos engorda cada vez que se le transfieren pesos al Tesoro para hacer frente a sus pagos domésticos.
Cada vez más pesos (este año unos $ 100 mil millones emitidos para financiar al sector público) y cada vez menos dólares (este año unos US$ 12 mil millones) en el balance del BCRA. En otras palabras, los dólares que genera el saldo comercial, y los que forman parte de las reservas del BCRA, no sólo resultan baratos, sino también escasos porque “sobran” pesos, como consecuencia del financiamiento del déficit fiscal. Tal exceso de pesos no se destinaría por completo a comprar dólares o bienes sustitutos de los dólares si el BCRA impulsara una política de aumento de las tasas de interés, que permitiese esterilizar dicha oferta excedente de pesos. Pero los defensores del modelo no creen que resulte conveniente aumentar las tasas de interés porque ello podría afectar el consumo y la producción. Podríamos decir que el precio del dinero es otro precio que en el modelo K tiene que estar tan subsidiado como la energía, el transporte y los alimentos.
Entonces, el gasto público y las políticas de intervención de mercados, que distorsionan precios relativos para redistribuir progresivamente el ingreso, generan déficit fiscal que se financia con emisión de pesos y uso de reservas del BCRA. Esto produce inflación (la cual en algún momento termina “matando” los intentos de redistribuir ingresos) y deseos de atesoramiento de dólares baratos y escasos, lo que a su vez propicia que el Gobierno responda con restricciones crecientes al uso de las divisas y con medidas fiscales (gastos e impuestos) también crecientes de redistribución de rentas.
¿Es el ministro Kicillof el indicado para “romper” las bases del modelo K? ¿No fue acaso uno de sus principales abanderados y defensores públicos? Recordemos que fue quien propició la re-estatización de YPF y es quien sostiene que el modelo de gestión de Aerolíneas Argentinas es un ejemplo de éxito. Resolver los problemas macroeconómicos que enfrenta la Argentina requiere un cambio de 180 grados en las que hasta aquí han sido las prioridades del nuevo ministro de Economía. Y no sólo eso: requiere también un cambio muy profundo en la forma de cómo ve el ministro, y buena parte del Gobierno, el proceso económico.
Hay quienes ven en la figura del nuevo jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, una luz de esperanza. A nuestro juicio, su rol será el de darle aire a la gestión, pero dentro de los lineamientos y orientación que han prevalecido en estos últimos diez años.
El tándem Capitanich-Kicillof puede impulsar algunas medidas “pro competitividad” y comprar algo de tiempo en materia cambiaria. Pero no creemos que esté dispuesto a impulsar el cambio de precios relativos, la reducción del déficit fiscal y la reducción del peso muerto del Estado sobre el sector privado en la magnitud que se necesitan para volver a colocar la macro de la Argentina en un sendero de crecimiento libre de turbulencias.
*Economista.
