Una de las características de la evolución reciente de la economía nacional, la da la “evaporación” del superávit fiscal, con un serio capítulo provincial. En tiempos más propicios del modelo competitivo productivo –por ejemplo, en 2004–, el superávit primario consolidado (nación más provincias) alcanzaba un 5,4/5,6% del PIB, aportando las provincias un punto o algo más de esa cifra. Actuando las políticas de tipo de cambio competitivo y la política monetaria expansiva con tasas de interés bajas como fogoneros dinámicos, el superávit fiscal fungía como ineludible “cable a tierra”. Esto no impedía que aumentara el gasto público anualmente, pero con una densidad que no alterara ese criterio.
Con el tiempo, el superávit se desdibujó. En base a una lectura estricta, esto ya se evidenció en 2007. Sin que nos guíe hacer historia en detalle, lo cierto es que desprovistos de un fondo de estabilización auténtico –un símil lo aportó el traspaso jubilatorio–, cuando llegó el vórtice de la crisis externa, se apeló a la política fiscal, en especial al gasto, como principal resorte anticíclico. No se trató de una política de sistemático deficit spending (gasto deficitario), pero de hecho, la fuerte desaceleración de la economía y los menores recursos consecuentes, decantó en un mayor deterioro del superávit primario. En lo nacional, este año será arduo alcanzar el 1% de superávit. Por su lado, las provincias, en el agregado, se precipitan directamente en el déficit primario, con un pronunciado déficit financiero.
Siempre dijimos que la penuria fiscal provincial perfilada era tratable atendiendo a un menú: ajuste propio, cuasimonedas, regateo de recursos con la nación y endeudamiento. Hay datos “salpicados” de ajuste; no aparecen las cuasimonedas.
El ajuste genera antipatía; las cuasimonedas, aprehensión. El regateo, una incómoda fricción. En el presente, se verifican algunas pujas y reclamos puntuales entre las provincias y la nación –mientras ésta asegura que “prestará atención” a las urgencias de aquéllas–, sin que por ahora se cuestione frontalmente, en sí, el régimen de los recursos. Luego, en lo inmediato el elixir es el endeudamiento, que parecería evitar antipatías, aprehensiones y fricciones. Y “todos ganan”.
En rigor, en 2010, la jurisdicción nacional podría volver a mostrar un superávit primario acotado. Para las provincias, el tema es más complicado. A todo evento, por un par de años, se modifica la ley de responsabilidad fiscal con vistas a “formalizar” el nuevo cuadro. Ahora caduca por ese lapso el límite para el aumento del gasto, cabe endeudarse para sufragar gastos corrientes y gastar por encima de los recursos y las provincias pueden endeudarse rebasando el 15% de sus recursos.
Apretando los dientes, la nación podría en 2010 pagar los vencimientos de deuda sin asistencia financiera y hasta cubrir algunas cuotas debidas a eventuales arreglos con los holdouts y el Club de París. Entonces, el tomar deuda es algo más exigido para las provincias. ¿Cuál sería el costo?.
La nación puede facilitar el asunto a través del famoso operativo de “vuelta” a los mercados financieros externos, que enarbola, aunque aún no efectivizó a pleno. Por rebote, dado el clima que podría despuntar, las provincias se beneficiarían al tomar deuda. Recuérdese, asimismo, que las provincias le están pagado deuda a la nación y, aquí, algún reclamo de refinanciación puede tomar cuerpo.
En fin: la pregunta clave es si enfrentamos una “roncha aislada” o podemos “sufrir un sarampión”. En otras palabras: si, en medio de presiones hacia la apreciación cambiaria y avanzando en términos de evaporación del superávit fiscal y de un mayor uso del endeudamiento externo si fuera la hipótesis, de lo que se trata es de un enfoque meramente circunstancial o pragmático y a la postre transitorio o, por el contrario, se trata de los hitos iniciales de un nuevo ciclo “sistemático” de déficit fiscal, endeudamiento externo y apreciación cambiaria. Las implicancias difieren mucho, según sea el caso.
*Economista.
