Obligados a sobreactuar transparencia

Los viejos técnicos de la burocracia estatal, que vieron pasar a políticos de distinto signo, dicen haber encontrado un patrón sobre la corrupción pública: “Al principio los gobiernos roban poco y ordenado. Después, mucho y desordenado”. La sola generalización le hace perder calidad científica a la máxima, pero sirve para transmitir una sensación instalada.

La hipótesis de esas dos supuestas etapas de corrupción encontraría su prueba histórica en el alfonsinismo pre y pos Plan Austral, el menemismo pre y posprivatizaciones y el gobierno de la Alianza pre y pos-Banelco. Sobre los K, la diferencia sería entre Néstor y Cristina. Según el mito, CFK habría intentado acotar la corrupción heredada, pero al hacerlo generó una anarquía de corruptos y cajas descontroladas.

Responda o no a la realidad, esa visión no impide la pretensión de una sociedad de ser representada por funcionarios honestos (tampoco la pretensión de los funcionarios de que sus representados lo sean).

El porqué de la corrupción en el Estado es un análisis inacabado en la Argentina. Si es inherente a la política, a un gen defectuoso del argentino o a la pobreza del país. Sí se lo relaciona en el mundo con la debilidad institucional de las naciones y con la flexibilidad moral de las normas de convivencia.

Zonas grises. En cualquier caso, la lucha contra la corrupción es parte esencial del relato de este gobierno: el macrismo es tan atípico en muchos aspectos que una mayoría social tiene derecho a creer que también lo sea en cuanto al combate de ese mal.

Lo cierto es que el haber instalado la anticorrupción como cruzada nacional obliga al oficialismo a sobreactuar transparencia: la sola sospecha de zonas grises podría traerle consecuencias políticas impredecibles.

Las cuentas offshore de la familia presidencial (Panamá Papers), la relación de Gustavo Arribas con Odebrecht y la condonación de $ 70 mil millones a la empresa de los Macri por el Correo fueron las primeras denuncias, que luego perdieron peso, se desestimaron o, en el caso del Correo, implicaron una marcha atrás.

Angel Calcaterra, el primo presidencial, carga con un pedido de embargo por $ 54 millones del fiscal que investiga coimas en el soterramiento del Sarmiento. La obra es uno de los capítulos argentinos del Lava Jato. Carrió dice a quien quiera oírla que “va a ir preso”.

Ella está convencida, además, de que otro amigo del Gobierno, Daniel Angelici, está detrás de supuestos negociados con el juego. Lo llama “delincuente” y lo acusa de “interferir en la Justicia con el consentimiento del Presidente”.

La Oficina Anticorrupción (OA) ya trató casi mil causas contra funcionarios; la mayor parte proviene de denunciadores seriales. Aún tiene en foco a treinta nombres de alto rango, en general por conflictos de intereses. Es evidente que, por ser un gobierno de CEOs, requiere de un cuidado adicional para no atender en ambos lados del mostrador.

La última denuncia que ingresó a la OA fue contra el ministro de Trabajo. Triaca es apuntado por el sindicalismo desde que su ministerio dejó de ser una repartición más de los jefes gremiales, y la acusación en su contra (maltrato a una empleada, presuntamente en negro e incorporada a la intervención del gremio del “Caballo” Suárez) es alentada por algunos de ellos como una devolución de favores frente a la avanzada sobre la corrupción sindical. Ayer, PERFIL fue más allá e informó sobre otras 200 personas que ingresaron en esa intervención.

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, es otro de los que suelen estar en la mira por conflictos de intereses. En 2017 fue noticia por un millonario giro de la Anses a un fondo de inversión que había creado, lo que derivó en otra denuncia sobre “pagos innecesarios” por $ 10 millones. Además, el informe Paradise Papers disparó causas judiciales por el manejo, previo a su asunción, de dos fondos de inversión en Caimán no declarados.

También Edgardo Cenzón es mencionado en esos papeles como titular de US$ 750 mil en acciones, en un fondo no declarado en Bermudas. El explica que no las declaró porque no eran suyas sino de un amigo. Cenzón es un hombre de confianza de Macri (responsable de la recaudación de su campaña presidencial), y sobre ese vínculo se tejen especulaciones. Se dice que fue el jefe de Estado quien se lo sugirió como ministro de Infraestructura a Vidal. Duró diez meses. La gobernadora lo reemplazó por Roberto Gigante, a quien llaman “el auditor” porque pasó un año revisando las cuentas de Cenzón.

Energía rentable. Un nuevo episodio de sospechas fue dado a conocer por Emilia Delfino en este diario y motivó distintas denuncias judiciales: con pocos meses de distancia, entre 2016 y 2017, una empresa del Grupo Macri compró y vendió parques eólicos, obteniendo en esa transacción una ganancia de casi US$ 50 millones, aunque privados involucrados sostienen que sería menor teniendo en cuenta lo invertido y parte de la deuda que habrían asumido cuando compraron.

Este tipo de energía es uno de los caballitos de batalla de Macri en su lucha por incentivar la energía renovable. Su familia creyó en él, aunque pronto decidió vender lo que había adquirido. En el medio se quedó con una interesante diferencia, que hasta ahora no se probó que fuera ilegal.

Fuentes del sector señalan que los Macri tuvieron buen ojo en su inversión, ya que se trataba de acuerdos muy beneficiosos para los privados: el Estado (a través de Cammesa) se había comprometido a pagar US$ 110 a la empresa elegida por cada megavatio-hora (MWh). Más que los US$ 70 MWh que se comprometieron en la ronda 1.0 de 2016; más que los US$ 50 MWh de la ronda 1.5, y mucho más que los US$ 37 MWh de la ronda 2.0, ambas de 2017. En el área Loma Blanca IV, la única que fue comprada y vendida produciendo, el precio de US$ 110 es el vigente, según la empresa Genneia. En el resto de las zonas adquiridas por la firma china Goldwind se habría renegociado un precio que va de los US$ 71 a los US$ 75, según fuentes oficiales. Una tarifa también atractiva.

Otra novedad energética se conocería estos días al anunciarse la privatización de Centrales de la Costa, una firma provincial de energía térmica. Siempre fue deficitaria, pero en dos años pasó de perder 500 a 100 millones de pesos y la expectativa era terminar 2018 en break-even. De hecho, hace un año ganó una licitación de energía eólica. Lo hizo en sociedad con Genneia, la misma empresa a la que la familia Macri le vendió uno de sus parques eólicos. El hombre fuerte de Genneia es Darío Lizzano, quien a su vez encabeza la constructora que acaba de comprar la empresa de Nicky Caputo, el otro “hermano” de Macri.

Ser y parecer. Si el Gobierno es honesto, como a la mayoría de la sociedad le gustaría que fuera, debe hacer esfuerzos extremos para parecerlo. Por eso hace bien con su proyecto para endurecer las penas contra la corrupción, que llegarían a los 12 años de prisión si se tratara del Presidente o funcionarios de primera línea. “Hemos elevado la vara y nos tenemos que poner a esa altura”, acepta Marcos Peña.

Esta parte de su relato de gestión es esencial para diferenciarse de todos los gobiernos y demostrar que la eventual corrupción que pueda revelarse en el Estado consistirá en inevitables casos aislados que serán castigados.

Ser y parecer es importante para los funcionarios. Ser y parecer en el sentido de Pompeya, la mujer de Julio César, que además de ser honesta debía parecerlo. No como Mesalina, la mujer del emperador Claudio, que era tan promiscua como demostraba ser.