Carlos “Coco” Mahiques cobró inesperado protagonismo en la pelea librada por el Tribunal de Casación Penal: última instancia para causas abiertas por enriquecimiento ilícito a funcionarios provinciales y municipales, incluidos gobernadores e intendentes. Y por eso mismo, sujeto de presiones políticas para incidir en esas decisiones.
Lo integró hasta 2014, cuando ganó un concurso en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. Sin posibilidad de renovación y con plazo perentorio en junio, ese cuerpo le concedió licencia para asumir como ministro de Justicia de María Eugenia Vidal. Trámite cuyo desenlace inminente es parte de las tensiones en juego.
A la puja abierta por la vacante que produjo al emigrar del Tribunal provincial, podría sumarse otra si es que abandona la cartera que ocupa y provoca la primera crisis de gabinete en el gobierno bonaerense. La actualidad de su gestión no aporta datos alentadores. Especialmente por las dificultades con el Poder Judicial: ámbito donde, sin embargo, acredita una dilatada trayectoria.
Razón válida pero no suficiente para cargar sólo con el costo de mantener las autoridades penitenciarias del gobierno de Daniel Scioli, César Albarracín y Florencia Piermarini, cuya responsabilidad en la fuga de los hermanos Lanatta y Cristian Squillachi es investigada.
La intervención de Elisa Carrió impidió a Julio Carral designar a Piermarini como relatora de la Sala I el Tribunal de Casación que integra junto a Roberto Maidana. Es la sorteada para tratar el recurso de apelación al sobreseimiento de Scioli en la causa por enriquecimiento ilícito que concedió la Sala 4 de la Cámara penal de La Plata a Marcelo Peña.
Este abogado fue candidato a intendente en esa ciudad por Es Posible, el partido de los hermanos Rodríguez Saá a cuya adhesión de última hora a la lista de unidad que consagró a José Luis Gioja y Scioli como autoridades del PJ se asocia que Servini de Cubría desistiese de nombrar allí un delegado normalizador que organice elecciones internas.
El afán socorrista dedicado a una protegida del ex ministro de Justicia Ricardo Casal hace presumir que están activos los túneles entre el sciolismo y el kirchnerismo. Carral es el segundo de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gills Carbó, en la agrupación Justicia Legítima.
Más difusas son las especulaciones sobre su compañero de sala, Maidana, apadrinado por Federico Scarabino y Luis Genoud, dos peronistas de intensos contactos con Cambiemos. El presidente de la Corte aceptó la impugnación de Carrió ante el Consejo de la Magistratura contra el juez de Garantías de San Isidro, Diego Martínez, uno de los ocho aspirantes a cubrir la vacante de Mahiques en el Tribunal de Casación.
Si bien se funda en el allanamiento dispuesto por Martínez al domicilio del prófugo del triple crimen de General Rodríguez, Ibar Pérez Corradi, la diputada solicita investigar sus vínculos con Julio Novo, suspendido fiscal general por supuesta protección a narcos. Pero también con dirigentes políticos y otros jueces del Tribunal: Sergio Massa y Mario Kohan.
A Kohan, de la Sala 4, no sólo se atribuye autoría intelectual de la ley para descentralizar el cuerpo que aprobó la Legislatura en 2012 y por la cual debieran crearse nuevas sedes en Mar del Plata, San Martín y Mercedes. También vecindad, al menos geográfica, en Nordelta con Massa, Daniel Hadad y Jorge Rial, quien lo confirmó parcialmente en la autobiografía Yo, el peor de todos. La mediación de Kohan facilitó su reconciliación con Massa.
Fernando Mancini, el único miembro de la sala 2 a la que aspira ingresar Martínez, estuvo en la presentación de otra obra en ese estilo.
La Argentina a contramano del mundo, de Jorge D’Onofrio. Senador provincial y delegado del Frente Renovador en el Consejo de la Magistratura hace unos días, su primer acto de servicio consistió en rechazar la impugnación de Carrió.
La gobernadora supo de ella en la cena que compartieron en la residencia oficial de La Plata el 14 de abril: horas antes la legisladora acompañó a Mario Coriolano a presentar el informe anual sobre casos de tortura. El defensor de Casación aspira a ser relevo de María del Carmen Falbo en la Procuración General. A “Pochi” se le endilga responsabilidad en el allanamiento de Martínez a la propiedad de Pérez Corradi.
Por su primo y ex dirigente del ARI, Gerardo, Julio Conte Grand es nexo político con Carrió. El secretario legal y técnico de Vidal se encarga además de atemperar a D’Onofrio en el Consejo de la Magistratura, donde intenta poner en agenda la descentralización del Tribunal de Casación, si es que el Gobierno no persigue derogarla como se especula en su entorno.
Rumor. Versión que alimenta otra, por ahora anónima: sumar una sala a las seis existentes para compensar esa hipotética medida y aprovechar los concursantes de la vacante de Mahiques para cubrir las provocadas por las renuncias de Eduardo Piombo y Benjamín Sar Llargués luego de haber beneficiado con un polémico fallo la liberación de un abusador de menores.
Despropósito similar a la creación de una comisión paralela de Asuntos Constitucionales que gestionó sin éxito D’Onofrio para saldar la pretensión de su colega y cuñado de Massa, Sebastián Galmarini, de ocupar su lugar en el Consejo de la Magistratura. Pelea que cobró de víctima a Joaquín De la Torre, que la pretendía para Alfonso Coll Areco. El intendente de San Miguel ya no milita con Massa.
Conte Grand monitorea a Mahiques en la nueva selección del Ejecutivo para cubrir las 128 designaciones pendientes en el Poder Judicial que no pudieron imponer antes de abandonar el poder Scioli y La Cámpora: se sospecha de la influencia de esta corriente en el ministro de Justicia a través de Juan Bautista, su hijo.
El subsecretario de Relaciones con la Justicia de Mauricio Macri y miembro del Consejo de la Magistratura por el gobierno nacional mantiene contacto además con Daniel Angelici. Argumento poderoso del Presidente para sostener la incapacidad de ejercer algún tipo de control en la pelea política de los Tribunales. Nadie sabe qué pasa cuando se distancian los extremos que antes se tocaron.
