En los pasillos de Tribunales aseguran que el fiscal ante la Cámara Federal Penal Germán Moldes no tiene miedo. Tiene la piel curtida y no es un hombre fácil. El nunca lo dirá pero le preocupa la situación de indefensión en que los fiscales y jueces que tramitan causas que son cruciales para el poder desarrollan su trabajo. Ya no es un secreto para nadie que se lo ha dejado muy solo. “El poder político ha intentado marcarle la cancha una y otra vez, sin darse cuenta de que todo será en vano. Moldes hará su trabajo y decidirá según su conciencia”, señala una voz que conoce al dedillo lo que sucede en los tribunales de la avenida Comodoro Py.
Algunas presiones hasta parecen infantiles, como el hecho de haberle retirado el auto oficial que usaba desde hace varios años. Lo más preocupante es que, en materia de seguridad, Moldes cuenta sólo con los dos oficiales de policía que lo han acompañado desde hace quince años y que, según el turno, nunca se cruzan. Nadie se ha comunicado con él para ofrecerle apoyo, mientras debe decidir sobre una de las causas más sensibles de su carrera. Alguien le ha escuchado decir: “Nunca pedí nada y no lo voy a hacer ahora. Soy un viejo criado en Boedo, y no es momento de llorar; este trabajo es así”.
En Comodoro Py 2002 todos miran de reojo a la Sala I de la Cámara Federal –integrada por los doctores Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler–, que debe decidir si avala la decisión del juez Daniel Rafecas de desestimar la denuncia del fallecido Alberto Nisman o hacer lugar a la apelación del fiscal Gerardo Pollicita. Quienes conocen el paño aseguran que el clima está enrarecido. Hay quienes escucharon a algún miembro de la Sala en cuestión debatirse entre aceptar el desafío de abocarse al caso o excusarse, utilizando como argumento el hecho de haber intervenido en el fallo que declaró inconstitucional el memorándum de entendimiento entre la Argentina e Irán. Otros especulan con la velocidad con que los jueces convocaron a la reunión entre las partes, pero todos concuerdan en que el fallo será dividido, en una sala impredecible.
Sin pacto. Respecto del supuesto pacto entre un sector del Poder Judicial y el Gobierno, al menos tres fuentes distintas del ámbito judicial coinciden en que hubo un intento de avanzar con esa iniciativa. El objetivo consistía en calmar las aguas y dejar en stand by las causas que complican al Ejecutivo al menos hasta el mes de diciembre. Un hombre de mucho peso en los tribunales de Retiro le restó importancia a toda esa maniobra con un argumento curioso pero bastante realista: “El pacto es impracticable. De un lado está impulsado por el miedo. El Gobierno teme que la Justicia les caiga encima a varios de sus referentes. Además, ningún pacto es posible cuando uno de los interesados es tan impredecible que puede cambiar el rumbo y dinamitar todo en la próxima Cadena Nacional. Del otro lado, los gestores judiciales de ese pacto tienen tan poca legitimidad que sus instrucciones sólo podrían ser acatadas por aquellos que persiguen intereses mezquinos, como aspirar a un nuevo modelo de auto, sumar algún empleado o hasta conseguir una nueva impresora para el despacho. Son la vergüenza de Comodoro Py: si uno se pelea con ellos, no debe intentar patearlos porque le afanan el zapato” (sic).
Mientras tanto, avanza el intento de copamiento que el Gobierno intenta concretar en distintos ámbitos judiciales. La guerra que viene tiene como escenario la Corte Suprema. Ahí hay varias batallas en ciernes. La primera de ellas será el intento de imponer a Roberto Carlés como reemplazante del renunciado Eugenio Zaffaroni. De no producirse algo sorpresivo y escandaloso, esa nominación –que hace agua por todos lados– no tiene más destino que el fracaso. La razón es simple: el oficialismo no tiene en el Senado los votos necesarios para imponerlo.
La otra idea que anda dando vueltas es la de la ampliación del número de miembros de la Corte a siete o a nueve miembros. Es lo mismo que hizo, no bien asumió, el ex presidente Carlos Menem con un solo objetivo: lograr una Corte adicta que le asegurara impunidad. Para lograr esto es necesaria una ley para cuya aprobación alcanza con la mayoría simple. El problema aparecerá cuando haya que designar a los nuevos miembros porque allí se presentará para el oficialismo el mismo escollo que hoy existe para el nombramiento de Carlés. La consecuencia de todo este engorro podría ser la parálisis de la Corte.
Poco inteligente. Lo que está ocurriendo en la Agencia Federal de Inteligencia –la nueva SIDE– es muy grave. La nómina de designaciones que publicó ayer la revista Noticias muestra el objetivo buscado por el Gobierno con la creación de este ente que no es otro que el de insistir con la viejas y denostadas prácticas de persecución a cuanto adversario se cruce en el camino del kirchnerismo.
Esto también forma parte del plan de copamiento de las estructuras del Estado por parte del oficialismo con la intención clara de condicionar a quien vaya a suceder a Cristina Fernández de Kirchner a partir del 10 de diciembre de este año.
Si a esta circunstancia se le suman los desbarajustes de la economía, se está en presencia de verdaderos escollos para el próximo gobierno que, para superarlos, deberá trabajar intensamente desde el vamos en la búsqueda de acuerdos políticos a partir de lo que se construya como una base de sustentación que dé solidez a las medidas que habrá que tomar para reordenar, entre otras cosas, las cuentas fiscales. Eso lo saben y lo aceptan todos, incluidos los dos candidatos más fuertes del kirchnerismo: Daniel Scioli y Florencio Randazzo.
En medio del fárrago de datos –algunos verdaderos y otros falsos– que la Presidenta enunció en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, dijo: “Les dejo un país incómodo a los dirigentes que vengan”. Fue una gran verdad en pos de la cual Cristina Fernández de Kirchner trabaja con ahínco con la ilusión de volver algún día al poder que tanto le duele perder.
Producción periodística: Guido Baistrocchi, con Santiago Serra.
