Hace algunos días, hubo agitación política en Nicaragua porque su presidente, Daniel Ortega, permitió a una flota rusa llegar a sus costas y desembarcar 650 efectivos militares, sin autorización de la Asamblea, como lo exige la Constitución. El acercamiento del gobierno de los viejos sandinistas a Rusia es tan ostensible como el que promueve Cristina Kirchner para la Argentina.
Estuve en Managua en cuatro oportunidades y me asombró hasta qué grado Nicaragua se parece a nuestro país en su obstinación por negarse al crecimiento y malgastar su historia en corrupción.
Terminado el gobierno de la Revolución sandinista, en 1990, y pasada la gestión de Violeta Barrios de Chamorro, se inició, en 1997, el gobierno de Arnoldo Alemán, quien lideraba el Partido Liberal Constitucionalista.
El Partido Liberal y el Partido Sandinista eran ideológicamente opuestos; pero los unía la corrupción y, en torno de ese eje, se habían repartido el poder y algo más que el poder.
Ambas fuerzas políticas firmaron un pacto en marzo de 2000, con el objetivo formal de mejorar el gobierno. Sin embargo, la verdadera finalidad de tal acuerdo consistió en asegurarse el control de la Suprema Corte, del Consejo Electoral y de la Auditoría.
El pacto sandinista-liberal constituía la principal preocupación de los países que hicieron donaciones a Nicaragua para aliviar a sus habitantes de las penurias provocadas por el huracán Mitch, una tormenta con ráfagas de hasta 320 kilómetros por hora que dejó 9 mil muertos, 10 mil desaparecidos y más de dos millones de pobladores afectados.
Varios países desarrollados enviaron donaciones destinadas a ayudar a la reconstrucción de lo dañado por el huracán. Pero una ola de decepción y pesimismo cubrió la solidaridad de los donantes. Buena parte de los recursos recibidos por Nicaragua fueron destinados en los años siguientes a enriquecer a los políticos, antes que a la reparación del desastre.
Muchos de los que se apoderaron del dinero que iba destinado a las víctimas todavía hoy hablan en nombre de los pobres y de la revolución.
En cuanto a la obstrucción del acceso al poder, el ejemplo más patético es el de Pedro Solórzano, un candidato a la alcaldía de Managua que no pertenecía al Partido Sandinista ni al Liberal y que, de acuerdo con las encuestas, gozaba de las mejores posibilidades de ganar la elección que se llevaría a cabo en noviembre de 2000.
El 18 de enero de ese año, Pedro despertó con la novedad de que no vivía más en Managua. El límite oficial había sido cambiado por el ente gubernamental Ineter. Solórzano estaba unos 100 metros fuera de la ciudad y la regulación exigía que los candidatos tuvieran su domicilio durante los dos últimos años en Managua, sin interrupciones, para conservar su condición de tales.
Entretanto, el líder de la Revolución sandinista y presidente nicaragüense, Daniel Ortega, vivía en la mejor casa de Managua, confiscada a un empresario, al comienzo de la revolución, y en cuya posesión continuó después de dejar el gobierno. Cuando le preguntaron al líder revolucionario por qué no devolvía la mansión a su legítimo dueño, respondió que lo hacía por solidaridad, para que otros compañeros del frente sandinista no se vieran moralmente obligados a restituir casas confiscadas.
Después de que Arnoldo Alemán fue declarado culpable de delitos de corrupción y detenido con prisión domiciliaria, a su vicepresidente, el ingeniero Enrique Bolaños Geyer, le costó mucho gobernar. Entre los sandinistas y su propio partido le bloquearon todas y cada una de las iniciativas en el Poder Legislativo.
En 2007, Ortega ganó nuevamente la presidencia. Es público que, al igual que nuestro gobierno, los sandinistas están promoviendo negocios con Rusia y con Venezuela, lo cual no es precisamente una expresión del libre comercio.
Tanto Rusia como Venezuela son sospechados como centros poderosos de apoyo para el crimen organizado. Todo en nombre de la revolución –o de la ex revolución, en el caso de Rusia– por supuesto. Justo en el momento en que “la gloriosa jotapé” impulsa aquí la ley de blanqueo de capitales.
En 2005, tuve la suerte de presenciar el desfile de decenas de miles de pobladores que salieron a las calles de Managua a repudiar el pacto sandinista-liberal, como lo volvieron a hacer en 2006. La mayoría, gente independiente, como ocurrió en la Argentina con los sucesos del campo.
En vista del triunfo de Daniel Ortega en 2007 y de los oscuros poderes financieros que operan detrás de los revolucionarios de ayer, debemos tomar en cuenta que aquellas movilizaciones –las de ellos y las nuestras– fueron grandiosas, pero no suficientes.
*Autor del libro Soborno transnacional y corredactor de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
