Este 19 y 20 de diciembre se cumplen 12 años de las jornadas de luchas populares que terminaron con el gobierno de Fernando De la Rua, y que expresaron su descontento con una clase política que había llevado al pueblo argentino a cifras impensables de desocupación y pobreza, de desigualdad social, de una injusta concentración de riquezas y una exclusión generalizada de derechos. Era la crítica al capital transnacional que había saqueado al país, al enriquecimiento de los políticos y su indiferencia frente a las condiciones de vida de las mayorías postergadas.
Este mes, el ISEPCI, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana que pertenece a Libres del Sur, dio a conocer el segundo informe sobre el Mapa de la Pobreza y la Exclusión (realizado en el Área Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano de la Provincia de Buenos Aires) mostrando que aún 12 años después, los índices socio económicos se van acercando cada vez más a aquella fecha tan dolorosa e importante para los argentinos.
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Las brechas entre los estratos más bajos de la sociedad se han mantenido y/o ampliado en estos últimos 6 meses. La Canasta Básica Total (CBT) que informa el estudio del IBP muestra que el 26,4% de la población del Conurbano Bonaerense, 2.728.718 personas, no pueden salir de la pobreza, mientras que la Canasta Básica Alimentaria indica que un preocupante porcentaje del 5,7%, equivalente a 589.770, carece de los medios necesarios para alimentarse y viven bajo la línea de indigencia. Dicho de otro modo, 1 de cada 4 habitantes del Conurbano hoy es pobre, mientras que 1 de cada 20 es indigente.
Por otro lado, creo que lo que empezó en Córdoba con el acuartelamiento de la policía provincial y los saqueos salvajes, no responde a las mismas causas que originaron los saqueos y el conflicto social del 2001. Mientras en 2001, los saqueos surgieron de una de las crisis del devastador modelo neoliberal. Esta vez, aunque vivimos un contexto de creciente inflación y altos niveles de pobreza, el conflicto se disparó a partir del rol que las fuerzas de seguridad provinciales, junto con segmentos sociales muy marginados, cumplen en el negocio de la droga en todo el país, y a partir de la interna abierta en el PJ, de la que el conjunto de la sociedad es rehén.
Pienso que lo que hay que poner en primer plano, es que la pobreza y la indigencia estructural, que se mantiene a pesar del crecimiento del PBI, es base para el innegable incremento de la distribución y el consumo de drogas y el crecimiento del narcotráfico, y para la corrupción policial y de otros funcionarios del Estado. Nadie quiere otro diciembre como el del 2001; el Gobierno debe convocar a todas las fuerzas políticas y sociales para debatir cómo salir de esta situación tan agobiante en la que estamos estancados en estos últimos meses.
