Poder, merca, bonos y otras drogas

El 22 de marzo, cuando en esta misma página de los sábados de PERFIL definí al país como una gran fábrica de soja y de bonos al servicio de los bancos bolivarianos, nadie advirtió que estaba citando al Pepe Mujica y su discurso a los ganaderos uruguayos de septiembre del 2006. Y pocos advirtieron que la metáfora de “bonos al servicio de los bancos” apostaba a que pronto se revelaría el sentido de un endeudamiento inútil, que no era vender la amistad de nuestro gobierno, sino facilitar ese gran negocio cambiario de los bancos amigos del Estado venezolano que por fin salió a la luz con la última serie fabricada con una tasa del 15 por ciento anual, en oportunidad de la visita autoconvidada de Chávez al encuentro de la Presi con Lula.
Se sabe que también el mercado de la droga mueve miles de millones de dólares. Pero no se sabe, ni se puede saber, cuántos millones mueve el negocio complementario del simulacro de lucha contra las drogas. Las dos corrientes conceptuales del oficialismo, alojadas una en el Ministerio de Justicia de Aníbal Fernández y otra en el Sedronar del odontólogo santacruceño Granero, tienen muchos recursos (no se sabe cuántos), páginas web, sendas investigaciones de costo millonario y dudosa utilidad, y sendos “comités científicos” donde, a excepción del infectólogo Pedro Cahn y tal vez algún otro, participan muchos “profesionales exitosos” a los que sólo como licencia poética podría llamarse “cientificos”. Uno puede recorrer las páginas web de ambos baluartes de la lucha contra la droga sin encontrar estadísticas, rendiciones de cuentas ni orientaciones al público necesitado de información para prevenir y tratar el flagelo.
El lector sabe que todo lo que procede del Estado nacional me parece torpe e improvisado, pero veamos qué ocurre en mi ciudad, donde la lucha contra la inseguridad y la droga fue un argumento central de campaña de mis amigos del PRO. A nueve meses de la asunción, la cosa sigue tan mal como en las peores épocas de Ibarra y Telerman. Esta semana se conoció una investigación judicial sobre uno de los centros dependientes del Gobierno de la Ciudad. De una nómina de 35 empleados, el investigador encontró sólo a cinco. Desde su fundación no ha producido un alta rehabilitada y de su capacidad de atención de 25 adictos al paco, sólo estaba cubierta la tercera parte, y bajo pésimas condiciones edilicias y de limpieza. Veremos qué hace el Dr. Danas, titular del Juzgado Nº 9 del Fuero Contencioso, que entiende en esta causa contra el Gobierno de la Ciudad.