Los Comités Cívicos de seis de los nueve departamentos bolivianos convocaron el martes a un paro general contra el gobierno del presidente Evo Morales. Los prefectos de los seis departamentos respaldaron el paro, encabezados por los cuatro de la medialuna del Oriente boliviano (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), además de los de Sucre y Cochabamba.
La agudización del conflicto político en Bolivia ha provocado la paralización del Congreso y de la Asamblea Constituyente. El Congreso se dividió tras la decisión del partido oficialista MAS (Movimiento al Socialismo) de abrir juicio político a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, y la Asamblea Constituyente suspendió indefinidamente sus sesiones después de que el MAS se negó a debatir la solicitud de traslado de la sede del gobierno de La Paz a Sucre.
Cada vez más, la puja política no es entre el gobierno y la oposición sino que enfrenta la autoridad política del presidente Morales con las regiones del Oriente boliviano, a las que se han sumado ahora, por la cuestión del traslado de la capital, Sucre y Cochabamba.
La polarización es creciente y la tensión, cada vez mayor, debido a que la mitad de Bolivia, encabezada por los departamentos de Oriente, cree que está en juego la supervivencia de su estilo de vida e intereses. Advierte en el proyecto del MAS una amenaza de tipo existencial; por eso, la polarización es cada vez mayor y está en juego la unidad nacional (territorial).
Evo Morales despliega una política de polarización destinada a imponer su hegemonía. Actúa como si encabezara una revolución triunfante y el consenso nacional fuera una premisa y no una consecuencia. Por eso, la tensión es creciente, los conflictos se profundizan y la violencia se suscita progresivamente.
En esta situación no está en juego la estabilidad del gobierno porque la oposición tampoco puede imponer su hegemonía. Lo que ocurre es una aceleración de la desintegración del Estado y de la unidad nacional.
La desintegración estatal se manifiesta como crisis generalizada de gobernabilidad (el gobierno elegido con el 53,7% de los votos en diciembre de 2005 no puede ejercer el poder que surge de las instituciones). El núcleo de esa crisis es una crisis de hegemonía: no hay un mínimo de consenso nacional y por ello la capacidad de coerción legítima del Estado, último resorte del ejercicio del poder, se debilita y tiende a desaparecer.
En el horizonte, a través de las crisis y los conflictos, aparece la posibilidad (virtualidad) de la violencia generalizada, de la guerra civil.
En este cuadro, la situación económica es excelente: “Bolivia está haciendo muy bien las cosas, con políticas macroeconómicas (fiscal, monetaria y cambiaria) muy cuidadosas”, señala el Banco Mundial, mientras precisa el Fondo Monetario Internacional (FMI): “Se han registrado superávits significativos en la cuenta corriente, y las reservas internacionales han alcanzado sus máximos niveles históricos. La situación fiscal ha mejorado notablemente y la deuda pública ha disminuido en forma sustancial”.
Tras la nacionalización del petróleo y del gas, los ingresos fiscales han crecido extraordinariamente: son ahora el 40,2% del PBI, mientras que eran sólo el 27,5% un año atrás; los ingresos provenientes de la renta de los hidrocarburos eran el 5% del PBI en 2004, y ahora son el 13,3%. Este año ascenderán a 700 millones de dólares y eran sólo 230 millones en 2005. Por eso, el superávit de cuenta corriente es el 11,9% del producto, y las reservas del Banco Central de La Paz, las más altas de la historia del país: 3.900 millones de dólares, el 32% del PBI.
La crisis política cubre etapas; comienza como crisis de confianza, escala hacia un cuestionamiento de la legitimidad gubernamental, y luego trepa hasta rechazar la conducción del Estado; de pronto, a través de un acontecimiento imprevisto, surgido del peso creciente de los imponderables, adquiere un carácter sistémico; entonces, el Estado se desagrega aceleradamente: es el vacío de poder. En ese punto, la política abandona las instituciones y se manifiesta en las calles y a través de la violencia.
En Bolivia, el Congreso está fracturado y la Constituyente, dividida y paralizada. Esta semana, 6 de los 9 departamentos cuestionaron la autoridad del presidente Morales. “No es la guerra civil la que provoca la desintegración del Estado, sino la desintegración del Estado la que provoca la guerra civil”, dice Carl Schmitt.