La detención del “Momo” Venegas lleva a repensar el modelo sindical argentino. Al igual que en otras áreas de nuestra dirigencia empresaria, cultural, política, la de los trabajadores es una dirigencia que se caracteriza por su longevidad en la ocupación del cargo.
Esta circunstancia frecuentemente se bate sólo en contra de los dirigentes sindicales por lo llamativo de sus extensos mandatos, pero sin dudas, podemos contemplar que en los demás campos de la actividad política y socioeconómica (dirigencia empresaria, social, religiosa, etc.), también se dan casos de largas permanencias al frente de instituciones, de partidos, y aun récords de programas de tevé, o medios que lideran el gusto de los argentinos por décadas.
Resulta no por ello menos disculpable que la foto de la CGT de los dirigentes que acompañaron el reverdecer democrático hace más de 27 años sea casi la misma que la de los dirigentes que actualmente integran el Consejo Directivo de las dos organizaciones sindicales de cuño peronista sobre el comienzo de este 2011. Pues el principio rector de las democracias sindicales debería ser, entre otros, el de la rotación. Agregar transparencia en los procesos de elección de sus representantes, mejorar la rendicion de cuentas de las actividades y de las obras sociales son algunas de las reformas pendientes de este modelo gremial y deberían estar en la agenda de los próximos gobiernos.
No obstante, este modelo sindical ha conseguido, aun con el extremo empleo en negro que oscila entre el 30-40% del total, la más alta participación salarial en el Producto Bruto Interno de la región durante los ultimos cincuenta años. Al hablar de sindicatos y sindicalistas, en su relación con el poder político y con el mundo del trabajo, no se puede generalizar favorablemente, ni prejuzgar en contra.
Sería dable pensar qué relación de presión e intentos de manipulación sufre este modelo sindical por parte de un gobierno que ha hecho de la extorsión y del “ganar la calle” una de sus marcas de estilo. Presenciamos la estigmatización de dirigentes detenidos por cuestiones que no están claras aún: ¿se trata de infracciones a procedimientos administrativos para hacerse con dinero del Estado falseando la compra de medicamentos con complicidad de funcionarios que no están siquiera procesados? ¿O se trata de falsificar remedios, poniendo en riesgo la vida de trabajadores? ¿O, como muchos presumimos, es una maniobra política más ejecutada desde su rama judicial contra un conjunto opositor? Por supuesto, ninguna de estas cuestiones es disculpable, pero los valores y bienes a proteger son distintos, por tanto la persecución penal debe ser acorde con la gravedad de las faltas. Corresponde preguntarse, máxime tratándose de un año electoral en el que el kirchnerismo juega su supervivencia, si los dirigentes sindicales han colaborado o no con el encumbramiento de este accionar coactivo del Gobierno respecto a las organizaciones sociales, en donde quien no se subordina es castigado como si fuera un enemigo. Este sistema de sometimiento los lleva a actuar de modo reñido con los altos fines que constituyen la base del trabajo solidario sindical, pues si esto último ocurre, resulta lejano a la equidad perseguir con la Justicia lo que se fomenta desde el Ejecutivo.
