Una de las garantías de transparencia de acceso a cargos públicos es el concurso. Tanto en el plano académico como judicial, el concurso garantiza que los cargos queden cubiertos de modo independiente por quienes mejor se han preparado. Esto garantiza que nadie será designado por ser amigo de alguien o por conveniencias políticas o sectoriales. En la mayoría de los poderes judiciales provinciales el nepotismo es la norma. Esto es un grave defecto.
Uno de los más grandes problemas del poder judicial es la poca transparencia en el acceso a muchos cargos. Esa falta de transparencia luego impacta en el tipo de servicio que brinda ese poder del Estado. Poco a poco, quienes no han ingresado de modo transparente, terminan configurando un sector cerrado, autonomizado, con lógicas de funcionamiento no siempre republicanas. Es curioso que estas falencias de nuestro Estado de Derecho hayan sido circunstancialmente celebradas como una “garantía de la república”, cuando es exactamente al revés. Los traslados son una forma inconstitucional de designar magistrados. También lo fue el intento de designar dos jueces de nuestra Corte Suprema a través de un decreto, un papelón pocas veces visto, pero hecho siempre en nombre de las “instituciones.”
Los argentinos nos debemos un debate serio sobre nuestro poco eficiente poder judicial. Es el poder del estado que cuenta con la peor imagen en la ciudadanía. Y no es para menos. Los jueces no predican con el ejemplo y nos han querido convencer de que para ser probos o pensar de un modo independiente, necesitaban no pagar impuestos. Eso es parte de un pensamiento que las nuevas generaciones debemos dejar atrás. La igualdad republicana no admite excepciones ni tiene precio. Menos de parte de quienes deben dar el ejemplo. No puede ser que un juez haga depender su seriedad o independencia de una suma de dinero, cualquiera fuera. Acceder siempre por concurso y pagar impuestos como cualquier ciudadano, dos medidas simples para un mejor Poder Judicial.
*Director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado Argentino.
