El debate sobre un sistema de salud moderno y plural, debe ser cuidadoso y creativo. El monto en juego es más de nueve puntos del producto, un nivel de gasto aproximadamente de 30 mil millones de dólares que nos obliga a todos a ser extremadamente lúcidos en el tratamiento de esta materia.
Esta discusión tal vez no se produce porque afecta intereses gremiales muy poderosos, provee la fuente de financiamiento de toda la corporación sindical y también afecta bolsones de ineficiencia enormes en el sector público y en el sector privado.
En las políticas sanitarias hay básicamente tres niveles. El primero son las políticas generales de salud pública que comprenden los aspectos regulatorios, las reglas para lidiar con las endemias, epidemias, la prevención de enfermedades y catástrofes; eso implica un conjunto de disposiciones que afectan el accionar de todos los agentes económicos y, en particular, ordenan toda la regulación de la gestión estatal.
Un segundo plano, tiene que ver con las políticas que llevan adelante cada uno de los ciudadanos y sus familias, en el caso de los por nacer o en edad de no conducir completamente sus actos.
Ellas implican desde la nutrición hasta las conductas que cada uno tiene que llevar adelante para tener una vida sana, allí hay un espacio central de intervención del Estado, tanto en garantizar un acceso integral a la nutrición, como es el plan materno infantil, como en el esfuerzo docente de enfrentar las adicciones.
El mensaje siempre en materia de salud es que la prevención es 30 veces más barata que la terapia. En consecuencia, lo que hagamos en nutrición, en prevención del alcoholismo, de la obesidad, del tabaquismo, de la drogadicción, es decir de hacer una vida sana en general, va a ser extremadamente positivo en términos del estado de salud general y de los gastos y los compromisos que deberíamos afrontar.
El tercer nivel, que es lo que se concentra en el centro de los gastos, es cómo lidiar con las enfermedades una vez producidas. Allí hay básicamente tres grandes mecanismos de financiamiento que deben ser coordinados. Uno es el gasto que hace el sector público como gestor, donde coexisten dos temáticas: la prestación de las tareas de salud pública generales (vacunación, campañas preventivas), como la atención final a las personas que han sido víctimas de algún accidente o enfermedad; la organizada a través de los seguros de salud en las distintas variedades que tienen, y finalmente los gastos privados que cada uno de los ciudadanos realiza.
Estos tres aspectos de la política de salud deben ser coordinados y se debe evitar la superposición de gastos.
Argentina hace un gasto en salud extraordinariamente elevado para su nivel de desarrollo y, en general, los indicadores de su performance relativa son relativamente bajos. Ese contraste entre un enorme nivel de gasto y bajos resultados es quizá lo que induce a una reflexión más severa sobre el sector.
¿Cuál es el problema? En general, las preferencias, y la mía en particular, son por un seguro de salud nacional y obligatorio, en el cual todos los ciudadanos tengan la obligación de suscribirse, con un pago por cada uno de los empleadores o autoempleados, y con el Estado haciéndose cargo de la cuota del seguro de los indigentes. Ese sistema debería complementarse con el sector público, en lo que es la prestación terapéutica, como un efector de gestión estatal, que hace en competencia la tarea que realizan los efectores de gestión no estatal.
Ese sistema organizativo debería tener, en términos generales, un programa médico obligatorio, y dejar para las decisiones individuales las prestaciones de hotelería superiores al nivel medio. Ese programa médico debería cubrir todas las contingencias de salud, más las enfermedades catastróficas, y el cargo por esta tarea debería aproximarse al riesgo sanitario asegurable, concurriendo el Estado para asegurar a todos los ciudadanos una prestación igualitaria.
De estar organizados de esa manera, el nivel de desperdicio, de superposición, de ineficiencia, bajaría sustancialmente. Sobre todo si los ciudadanos pueden elegir entre los distintos entes aseguradores con total libertad. Esto no sucede porque no haya diferencias en las calidades prestacionales, sino porque en los hechos la capacidad de moverse de un régimen a otro es sumamente dificultada por el régimen corporativo, que además atiende a los ciudadanos no como personas sino como miembros del gremio respectivo, produciéndose enormes inequidades en su tratamiento.
Esta propuesta de un seguro nacional de salud, con movilidad y convirtiendo a los efectores públicos de gestión estatal y de gestión no estatal en competidores, generaría un nivel de información y transparencia en el sistema, que se caracteriza al momento por su absoluta opacidad, por los altos niveles de costo administrativo o, alternativamente, por niveles de corrupción muy severos.
*Economista. Ex candidato a presidente.
