La decisión del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont de “asumir” el resultado del referéndum del 1 de octubre –en el que un 90 por ciento votó a favor de independizarse de España- pero no declarar la independencia en forma unilateral, refleja cabalmente las diferencias internas del bloque independentista que impulsó el llamado “proces”.
Una Declaración Unilateral de Independencia (DIU) hubiera sumido a Cataluña en un período de agitación e incertidumbre, al poner en marcha la aplicación del artículo 155 de la constitución española, que prevé la “intervención” de una región que se proclama independiente en forma unilateral. Con el gobierno regional suspendido, y sus máximos dirigentes encarcelados, la tensión se hubiera elevado hasta límites insoportables, lo que habría agravado aún más el golpe económico que representa el persistente goteo de empresas de todo porte que ya están dejando Cataluña por temor a una inseguridad jurídica futura.
Sucede que, para impulsar el proyecto secesionista, los partidos catalanistas se aliaron a formaciones radicalizadas, que valoran ganar las calles antes que las elecciones, y a quienes la independencia les suena más a revolución que a república. Es la llamada CUP (Candidatura de Unidad Popular), cuyos diputados no aplaudieron hoy el discurso del presidente catalán. La CUP es en realidad una suma de formaciones, muchas de las cuales ya tacharon de “traidor” a Puigdemont.
El anuncio del presidente es, a todas luces, ambiguo y pasible de ser considerado un error por todos los sectores enfrentados. Para los “duros” del independentismo, Puigdemont debería haber respetado el “mandato” del referéndum y proclamado la DUI. Para Mariano Rajoy, es “inadmisible” declarar la independencia y luego suspenderla. Para los socialistas, “no se puede suspender algo que no se declaró”.
El discurso del presidente catalán reflejó la particular interpretación del proceso democrático que tienen los independentistas. Negando la realidad de que millones de catalanes se oponen a la independencia, el presidente dijo asumir el deseo del “pueblo catalán”, expresado en el referéndum, una consulta ilegal, realizada sin ningún tipo de garantías y con un escrutinio opaco e imposible de verificar. Peor aún, sostuvo que “hay democracia más allá de la Constitución”, lo que claramente no es cierto en un estado de derecho.
Es inevitable preguntarse por qué el president y sus aliados decidieron llevar las cosas tan lejos. Hoy han decepcionado a los independentistas y fortalecido al gobierno. español, que ahora deberá decidir si aplica el artículo 155 o convoca a elecciones regionales.
