El etiquetado frontal de advertencia (EFA) es una herramienta sencilla para promover opciones saludables al momento de la compra de alimentos o bebidas. Se basa en la inclusión de sellos cuando el producto tiene exceso de nutrientes críticos potencialmente perjudiciales para la salud, como grasas, sodio o azúcares. El EFA no tiene nada que ver con la tabla de valores nutricionales que se encuentra al dorso del envase y cuya información en general es muy difícil de comprender. Esta ley, que acaba de aprobarse en Diputados, fue fruto de la colaboración de legisladores del oficialismo y la oposición. ¿Cuáles fueron entonces las razones de tanta controversia?
Según Kingdon, las políticas públicas encuentran la ventana para entrar en la agenda gubernamental cuando la sociedad reconoce un problema, se dispone de instrumentos (políticas) para dar cuenta de ese problema, y los diferentes actores, ejerciendo su posicionamiento, influencia y poder, dan forma a las alternativas que están sobre la mesa. En este caso, la sociedad reconoce al sobrepeso y la obesidad asociados a la malnutrición como problemas de salud que aumentan las chances de enfermedades crónicas, más de 70% de la carga de enfermedad en Argentina. El EFA es efectivo para modificar las decisiones en el punto de compra, encontrándose amplia evidencia científica de los países de la región que ya lo están implementando, como Chile, Uruguay, Perú y México.
La introducción de políticas que cambien el “status quo” suelen tener costos concentrados que afectan a grupos organizados y beneficios dispersos en grupos no organizados. Por eso es importante efectuar un mapeo de los actores, evaluar los costos y beneficios, y explorar la percepción del público. En el caso del EFA, vemos dos narrativas diferentes: la defensa de la salud pública y la defensa de la producción y el comercio. ¿Se contraponen? Argumentaré que no. En el proyecto de EFA sus beneficiarios (la sociedad en general, y en particular los niños y los más pobres) se encuentran dispersos. Los medios de comunicación masiva, que ven la alimentación saludable como un tema de gran interés, en especial en la clase media, tienen una mirada positiva. Por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil o algunas organizaciones internacionales como OMS, FAO o UNICEF apoyan, aunque su voz es más débil.
Del lado de los contendientes encontramos a la industria, representada por la poderosa COPAL y las provincias azucareras del NOA. Muchas veces los actores gubernamentales (en especial aquellos a cargo de producción y comercio, pero también algunas autoridades sanitarias) tienen posiciones ambiguas o se encuentran cooptados por la industria.
¿Cuáles son los argumentos para oponerse al EFA?: 1) trabas comerciales en la OMC y Mercosur; 2) costo del reetiquetado de productos; y 3) retracción de la demanda con caída de la producción, fuentes de trabajo y exportaciones. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Veamos.
La OMC reconoce la defensa de la salud pública de un país por sobre los reclamos comerciales. Uruguay ya cuenta con EFA y en 2022 lo tendrá Brasil, aún sin norma Mercosur. Por otro lado, hay evidencia de que los costos del reetiquetado por cambios normativos son inferiores a los costos por relanzamiento o rediseño del producto, estrategias habituales de marketing. Finalmente, el EFA no reduce la demanda general de productos, sino que promueve la sustitución de aquellos con sellos, por otros más saludables. Es, además, un fuerte estímulo hacia la reformulación.
La malnutrición infantil por exceso, en un país con más de 50% de niños pobres, es hoy el problema de salud pública que más condiciona nuestra agenda de desarrollo sostenible en las próximas décadas. Si no actuamos ahora, estos niños tendrán no sólo más chances de padecer enfermedades crónicas cuando sean adultos, sino que también estaremos comprometiendo el capital social, el desarrollo económico y el futuro del país. Por eso la sanción de esta ley es tan importante. Ojalá que también en otras políticas necesarias para el país, podamos encontrar los consensos necesarios para salir adelante.
*Director del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS/IECS). Ex ministro de Salud de la Nación.
Producción periodística: Silvina L. Márquez.
