En la teoría económica, el tratamiento de los servicios públicos en cuanto a provisión y precio es casi una disciplina aparte. Los especialistas se ocuparon del tema por tres razones, que se potencian en la Argentina actual: a) los servicios que proveen son de carácter esencial y estrechamente vinculados con el bienestar de la población urbana, especialmente; b) casi todos son ofrecidos en forma monopólica o oligopólica, por la alta incidencia del capital necesario que haría inviable dos ofertas paralelas (“monopolio natural”) y c) por las dos razones anteriores es preciso establecer un marco regulatorio para planificar las inversiones a futuro y para establecer un precio. Convendría recordar estos preceptos básicos e insípidos en cuanto a posición ideológica, para entender mejor el marco en que se dio la discusión en una semana en la que el hemisferio político encontraba su línea de demarcación en torno a las tarifas.
Sobre la mesa de las no negociaciones, hubo mucho más que un simple porcentaje de actualización (o ajuste) en el precio de los servicios públicos: el hallazgo de una diagonal para que el peronismo, hoy opositor, se sienta más cerca del poder que a nivel nacional perdiera, en parte, el 10 de diciembre del 2015. La relación del peronismo con los servicios públicos data desde su origen. En 1946 el nuevo partido gobernante puso especial énfasis en la provisión de dichos servicios, continuó con la ola nacionalizadora y aplicó el concepto de las tarifas políticas. En su segunda versión (1973-76), avanzó más aún, abarcando la televisión y avanzando en la industria petrolera. No era original en el tema, pero le dio un nuevo impulso a los que nacionalistas de izquierda y derecha venían propugnando desde hace tiempo. En los 90 el ropaje fueron las banderas del “neoliberalismo” y el shock de inversiones vino de la mano de las privatizaciones que trajeron un stock actualizado de infraestructura que el kirchnerismo, en otra vuelta de posición, aprovechó para congelar las tarifas, despegarse de la dolarización de sus precios y oficiar de lastre, luego, a la tasa de inflación. A costa de juicios en el Ciadi de los concesionarios y descapitalización global del sistema.
Como otras veces, el tema de fondo quedó sin discutir: cómo debían operar las compañías de servicios públicos (“utilities” para la jerga “neoliberal” en el mundo de los CEOs) y de qué manera se fijarían las tarifas. Un tema sensible que explota ahora, justo en el único sector en que la seducción del oficialismo funcionó para conseguir la “lluvia de inversiones”, que en privado no pasó de análisis y planillas. Sería bueno que, en medio de estos enfrentamientos dialécticos, las buenas prácticas tengan algo que decir de lo mucho que han elaborado en muchas partes estas cuestiones.
Precios en la sombra
