Para cerrar una semana completa de tensión interna, el ministro de Economía aprovechó la circunstancia de dos actividades gubernamentales para dejar en claro su posición con respecto al conflicto cuyo emergente fue el pedido de renuncia del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. Los subsidios a los servicios públicos, recitó Guzmán, son pro-ricos.
Algo que suena un despropósito, pero que hace años es el argumento principal de quienes promueven que las tarifas reflejen los precios relativos del mercado y que recojan el costo de producción. Frente a esta postura se erige otra resumida en un concepto que se parece a un grito de guerra electoral: “todo precio es político”, cuyo abanderado es el actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires y mentor de la escudería económica del Instituto Patria.
Las diferencias no son menores. Alguien podría caricaturizarla como neoliberalismo en su versión light vs. populismo K, pero es solo la parte visible de una grieta en el tratamiento del aspecto económico de la vida en sociedad. La economía surgió como una disciplina para estudiar cuál es la mejor manera de administrar bienes, escasos por naturaleza, ante demandas constantes. El mercado y sus diversos mecanismos no es la única respuesta, pero sí la que bajo determinadas circunstancias reúne eficiencia y transparencia. Pero sobre todo porque requiere de un esfuerzo organizativo centralizado menor: todos los días existen millones de transacciones que no precisan de un funcionario que las ordenen ni sus intervinientes están esperando otra señal que las que reciben a cada instante de parte de sus contrapartes y competencia.
Sin embargo, el caso de los servicios públicos establece varias diferencias. En primer lugar, su característica distintiva es la necesidad que derivó en una intervención en su provisión desde al menos tres cuartas partes de siglo. La otra es su carácter monopólico que hace que su comportamiento en manos privadas deba ser regulado o directamente ofrecido por el Estado. O sea, hace muchos años que los precios en el sector son políticos, incluso la década en que se procesión a un ambicioso programa de privatización y al mismo tiempo se formaron los entes interventores para regular la competencia. Reemplazar los mecanismos de mercado de manera eficiente y que el mercado tenga precios y cantidades negociadas como en uno competitivo no es tan sencillo. Sobre todo, porque se debe lidiar con múltiples interferencias de los expertos en mercados regulados, los cultores de peajes ad hoc y los que ven en cada negocio una oportunidad para recaudar de manera poco transparente. El equilibrio alcanzado a fines del 2000 en el mercado
eléctrico fue arrasado con la devaluación y el que era un sistema modelo y ofrecía el kilovatio más barato de la región se convirtió, con el paso del tiempo y las sucesivas interferencias, en uno inestable, con calidad intermitente y, sobre todo, que cada vez precisó más subsidios para funcionar. En este caso, el subsidio no se da sólo en lo que el Gobierno cubre la diferencia entre lo que cuesta y lo que se recauda, sino que también hay otra cuenta, cada vez más abultada, con la empresa mayorista Cammesa que provee al Sistema Interconectado Nacional (SIN) del insumo al mismo precio. En febrero se calculaba que dicha deuda era de $140.000 millones, variable de ajuste las deudas que acumulan las grandes distribuidoras privadas, las provinciales e incluso algunas cooperativas eléctricas del interior.
El Presupuesto 2021 había calculado el monto total de los subsidios destinados al transporte y a la energía en 2,2% del PBI, con tarifas que se irían indexando en promedio, como la inflación. Al trabarse esa posibilidad surgen nuevamente dos alternativas que se irán “viendo” durante el año electoral: que, además de un aumento del 9% ya pactado entre ambas “partes” de la coalición de gobierno, haya un aumento adicional para ciertos medidores que mostrarían capacidad de pago con una letra chica de la sintonía fina en veremos y la posibilidad de la existencia de inequidades y abusos en esta cruzada distributiva. Una paradoja para el mismo Gobierno que, tironeado por otra ala, podó el impuesto más progresista a su alcance, el de Ganancias. La mano invisible siempre trae problemas. La visible, sin planificación certera y quintas varias, agrega otros.
