En estos días la comunidad internacional se mantiene en vilo ante la decisión del gobierno de Irán de ejecutar en la horca a Sakineh Mohammadi Ashtiani, luego de suspender transitoriamente su muerte por lapidación. La mujer, madre de dos hijos, fue condenada en 2006 a morir lapidada por haber mantenido relaciones con dos hombres después de la muerte de su marido. Ahora se la acusa de haber conspirado para asesinarlo, por lo que no se altera su condena a morir, sino el método de ejecución.
La lapidación es un castigo muy antiguo y especialmente cruel, que consiste en que los asistentes arrojen piedras contra el condenado, hasta matarlo. Es lento y doloroso. Podríamos asociar el término “lapidario” a las piedras arrojadas en este tipo de ejecuciones o a la losa pesada que cubre una tumba. Lo utilizamos cuando decimos algo terminante, definitivo, que le pone el punto final a una discusión sin dar lugar al debate. Tajante y final.
Para ciertos temas en la Argentina existen juicios y opiniones lapidarias. Uno de ellos es el de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Como sociedad tenemos dificultades para entender y aceptar que nuestras madres, hermanas, hijas y abuelas pueden ejercer el derecho a decidir respecto de todos los aspectos de su vida sexual. Con los estereotipos tradicionales aún vigentes, pareciera que condenáramos socialmente a aquellas mujeres que manifiestan su intención de no embarazarse. Sectores que objetan la interrupción voluntaria del embarazo, tampoco acuerdan con la mayoría de los métodos de anticoncepción modernos o la educación sexual de los adolescentes.
Esta falta de debate y consenso no es gratuita. Uno de los principales problemas que genera se refleja en el número tan alto de muertes maternas que suceden anualmente en nuestro país. En términos de acceso a la salud esto se vincula, entre otras causas, a las dificultades de las mujeres, y aún más aquellas en situación de vulnerabilidad, para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva. Si bien se necesitan dos personas para concebir, son ellas las que enfrentan los problemas de salud relacionados con el embarazo y el parto y las que solas deben enfrentar la responsabilidad de la anticoncepción, exponiéndose a un mayor riesgo de muerte o discapacidad, si no pueden controlar su fertilidad por falta o dificultad, en el acceso a estos servicios.
Pendientes de debate están el acceso a las distintas opciones anticonceptivas, incluyendo la de emergencia y la quirúrgica (ligadura de trompas en las mujeres y vasectomía en los hombres), y el dispositivo intrauterino (DIU), las distintas interpretaciones del alcance de las causales de aborto no punible, la persecución penal del aborto ilegal y diversas posturas respecto del deber de confidencialidad de los profesionales de salud, así como el alcance de la objeción de conciencia de los mismos.
Aunque en los últimos años hubo iniciativas en la gestión de los Ministerios de Salud en varias jurisdicciones (incluso en el ámbito nacional), muchas fueron sistemáticamente resistidas en algunas provincias, aún con preocupantes estrategias judiciales.
Nunca vi una ejecución pública. Me imagino una situación en donde la víctima es inmovilizada en el centro de un espacio abierto relativamente grande, enfrentada o rodeada por un grupo más o menos numeroso de personas. Están quienes se creen con derecho a arrojar las piedras. Están aquellos que también las arrojan, aunque no estén convencidos. Y los espectadores pasivos que, aún en desacuerdo, se limitan a observar. Sin embargo, para los condenados, posiblemente todos ellos tengan el mismo rostro vil y los ojos enrojecidos de furia que sus verdugos.
En casi veinte años de profesión, varias veces he visto morir mujeres como consecuencia de abortos clandestinos. Me pregunto si como sociedad, por acción u omisión, nos vemos ante ellas como una turba lapidaria.
*Médico obstetra. Integrante del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de Argentina, www.ossyr.org.ar
