La matriz logística para el transporte de cargas en la Argentina atraviesa una crítica situación a causa de años de desinversión y la falta de políticas de Estado. En el transporte naval –la vía más económica y eficiente para largas distancias– la decadencia es total. Actualmente existen sólo cuatro buques fluviales con capacidad para transportar la producción local por la Hidrovía Paraguay-Paraná, con bandera argentina. Se pierden 5 mil millones de dólares anuales en concepto de fletes. Un despropósito cuando se debe cuidar el equilibrio de la balanza comercial.
Así, buscan destacarse agrupaciones como la Mesa Nacional de Concertación de la Industria Naval (Mncin), integrada por el ex presidente de la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA), Pablo Noel; Horacio Martínez, parte de la Unión Industrial Argentina (UTA) y el coordinador, Miguel Angel Sánchez, presidente de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN), una de las seis cámaras empresariales que integran la FINA, presidida por Juan Antonio Torresín.
Vinculados al ingeniero Horacio Tettamanti, ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables del gobierno kirchnerista y a quien se cuestionó por ser propietario de astilleros con importante participación en el mercado de la reparación y construcción naval, los integrantes de la Mesa de Concertación han sido los protagonistas de la industria naval a lo largo de una década de crisis. Para legitimar su acercamiento al gobierno actual, la Mncin ha sumado a representantes de los astilleros Tandanor Río Santiago y del sector académico y sindical. Con el diputado Gastón Harispe (FpV) impulsa en el Congreso Nacional un proyecto de ley que con el propósito de promover la recuperación de la marina mercante y la industria naval argentina pretende prohibir el ingreso al país de remolcadores de empuje (imprescindibles para el transporte fluvial de cargas que la industria local no está en condiciones de fabricar) y forzaría el statu quo en materia tributaria y fiscal para el sector.
En líneas generales, el proyecto de ley reconoce la situación en la que se encuentra la flota mercante nacional y la necesidad de reconstituirla. Sin embargo, supedita su desarrollo a una industria naval que necesita años para producir los remolcadores de empuje. Existen, en cambio, astilleros privados que reciben subsidios del Estado para esa producción. En el ámbito de la industria naval argentina se sabe que esas prebendas inspiran el proyecto impulsado por la Mncin.
Otros proyectos de ley abordan el tema de modo diferente. Uno, presentado por el diputado Claudio Lozano. Otro, el que presentaron los diputados Gustavo Martínez Campos y Juan Manuel Pedrini del FpV, con apoyo de un importante sector de empresarios armadores y la mayoría de los sindicatos marítimos y portuarios nucleados en la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval Argentina (Fempinra), más el respaldo de la Liga Naval Argentina. Estas iniciativas proponen un nuevo régimen de fomento para la industria naval local y en otro proyecto de ley separado promueven un nuevo régimen para la promoción de la marina mercante nacional, basado en suprimir las múltiples asimetrías que hacen prácticamente inviable para los empresarios tener buques operando bajo la bandera del país.
Los ex fervientes exponentes del ala dura kirchnerista de la Mncin buscan ubicarse en el escenario político como la única voz autorizada ante el Ministerio de Transporte de la Nación. Es de esperar que el éxito en esta tarea provenga de la capacidad del Gobierno para escuchar todas las voces y discernir entre las que están a favor de un proyecto de desarrollo nacional y las que buscan mantener privilegios logrados a costa de años de atraso.
*Delegado del Sindicato Argentino de Obreros Navales (SAON).
