El presidente Alberto Fernández (AF), de viaje por Europa durante estos días, sostuvo que en lo que va de su gestión “se logró que la economía se calme y no ande a los saltos”, aunque aclaró que “todavía falta que se ponga en funcionamiento nuevamente”.
Si se considera lo sucedido en enero, el primer mes entero de gestión de AF, luce un tanto apresurado hablar de calma: el riesgo país creció casi un 20% para ubicarse nuevamente en niveles superiores a los 2 mil puntos básicos, mientras que el Merval cayó un 4% nominal. La brecha cambiaria, lenta y progresivamente, fue creciendo hasta superar el 40%, con un dólar oficial planchado (con el BCRA ubicándose varias jornadas en la punta vendedora) pero con el resto de las cotizaciones mostrando tendencia al alza. Lo mismo podría decirse si tomamos lo acontecido con la inflación que, según relevamientos privados, se habría ubicado otra vez en el orden del 3% mensual. En cuanto a la actividad económica, hace mucho que no está precisamente a los saltos, sino que se encuentra en franca caída, una caída que probablemente se desacelere en el primer trimestre del año, aunque ello no sea necesariamente sinónimo de que se revierta, porque tal como lo dijo el Presidente (y acá sí podemos decir que no se equivocó) todavía falta para que la economía se ponga en funcionamiento nuevamente.
Pero ¿hay alguna chance de que Argentina pueda ponerse en movimiento? Por el momento, lo que podríamos llamar el “no programa económico” del Gobierno parece responder más a las promesas electorales que a una hoja de ruta que permita retomar el sendero de la estabilidad macro y el crecimiento económico. Dado que apenas comienza su gestión, y que estuvo dispuesto a pagar algunos costos políticos (léase la desindexación de las jubilaciones), lo asiste mínimamente el beneficio de la duda. Pero el problema es que esta administración sostiene que solo se puede armar un programa (en contraposición a su no programa actual) una vez que renegocie la deuda y no antes. Por lo tanto, aun cuando las expectativas y la confianza no han cambiado sustancialmente, todavía hay quienes especulan (incluyendo, claro, al mismo gobierno) con que se podría lograr dicho cambio si la deuda se renegocia exitosamente y se anuncia dicho programa hacia fines de este trimestre (fecha que el mismo gobierno se puso como límite para renegociar la deuda).
La nueva administración ha atado entonces el éxito de su gestión (al menos en su etapa inicial) a una renegociación exitosa de la deuda pública. Y en cuanto a la renegociación en sí, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se encargó de enfatizar que se llevará a cabo teniendo como premisas: 1) que el perfil de vencimientos que surja de la renegociación no comprometa la capacidad de crecimiento de la economía y la capacidad del Estado de seguir atendiendo las necesidades de los que menos tienen; 2) que la renegociación (tal como se establece por ley) involucre la combinación de al menos dos elementos de estos tres: quita de capital, alargamiento de plazos (con un eventual período de gracia) y reducción de los cupones de intereses. El mercado espera ansioso conocer los detalles de la propuesta, pero se muestra escéptico de que se pueda armar una oferta amigable con alto nivel de consenso en el escaso tiempo que se fijó la Administración de AF. Más aun cuando no se conocen los detalles acerca de cuáles son el programa y los objetivos económicos del gobierno argentino (claves para poder juzgar la sustentabilidad de cualquier propuesta). Lamentablemente, lo sucedido en la última semana con las idas y vueltas con el vencimiento de la provincia de Buenos Aires y con el improvisado, poco conversado y, por lo tanto, fracasado intento de canje del Bono Dual, no son un buen antecedente para el proceso que se iniciará la próxima semana.
El éxito de la renegociación se medirá en términos del alivio fiscal conseguido, de la caída del riesgo país y de las chances de recuperar un rápido acceso al mercado voluntario. Pero claro estos objetivos no son del todo compatibles entre sí. Cierta insatisfacción habrá una vez terminada la operación de canje. Pero, precisamente, una forma de lidiar positivamente con ella es mediante un programa económico que genere confianza y mejore las perspectivas de crecimiento hacia delante (independientemente de cuán satisfactorio sea el resultado de la renegociación).
El Gobierno parece estar consciente de que con lo que se tiene hasta hoy no alcanza para que la economía “se ponga en funcionamiento nuevamente”. El mismo ministro Guzmán ha dicho que una vez renegociada la deuda se conocerá el programa económico. Según trascendidos periodísticos, el FMI estaría al tanto y de acuerdo con los lineamientos de dicho programa. Lo cual no quiere decir mucho, por cuanto lo más probable será que el Fondo esté dispuesto a aceptar el programa que le presente el gobierno argentino sin demasiadas objeciones o pedidos adicionales, siempre y cuando tenga un mínimo de consistencia. El problema es que, por el momento, la consistencia luce por su ausencia. Ni la desinflación ni el crecimiento económico han sido abordados de manera consistente. El rol protagónico hasta el momento lo tiene la redistribución del ingreso. Pero solo con ella no se logra ni estabilizar la macro ni impulsar el crecimiento.
Una renegociación “exitosa” de la deuda pública en manos privadas y de la contraída con el FMI son condiciones necesarias para recuperar un sendero de estabilidad y crecimiento, pero no son suficientes. Mucho menos cuando desde el mismo gobierno se anuncia que lo conocido hasta hoy en materia de políticas económicas no es el programa económico. Así las cosas, está más claro que nunca que hace falta un programa, pero no cualquiera, sino uno que esté a la altura de las expectativas y las circunstancias.
