Lo primero es entender qué es el Estado, cómo se construye y se modifica, y cómo opera. Para ello conviene empezar despejando los obstáculos que nacen al confundirlo con los gobernantes que lo ponen en acción, o con la sociedad política que lo construye y modifica.
El Estado no debe ser tratado como un actor con voluntad o intencionalidad propia de personas físicas, atributos presentes en gobernantes y demás actores de la sociedad política. Como sostiene Max Weber, el Estado puede ser sujeto de derechos y obligaciones en tanto persona jurídica de existencia ideal, como las cooperativas, compañías anónimas o fundaciones, “estructuras conceptuales de naturaleza colectiva” que requieren de personas físicas para operar.
El Estado no es otra cosa que una institución compleja, integrada por leyes, estructuras normativas, jurisprudencia, disposiciones administrativas y todo otro tipo de normas, a la cabeza de las cuales está la ley fundamental que le sirve de base: la Constitución Nacional. Es el resultado de la acción de los integrantes de la sociedad política: miembros de partidos, de sindicatos patronales y obreros, de organizaciones civiles y del conjunto de los ciudadanos que, con su voto y su voz, eligen a sus representantes e influyen sobre los cambios. Cuando
Durkheim dice que el Estado es el espacio donde la sociedad piensa sobre sí misma, llama Estado a lo que en realidad es la sociedad política que lo construye y modifica.
Una de las acciones básicas de la sociedad política tiene lugar cuando elige a los representantes que elaboran o modifican la Constitución Nacional. Otros representantes son los encargados de sancionar leyes, decretos y normas que terminan dando forma y contenido al Estado. Normas que se dictan tanto por iniciativa de los representantes como por presión de los diferentes grupos de intereses de la sociedad civil.
Dicho Estado, construido mediante esos procesos y modificado repetidamente por los mismos actores, es puesto en acción por aquellos representantes surgidos de la sociedad política a propuesta de los partidos y votados por los ciudadanos para que gobiernen.
La calidad de un Estado depende de: 1) el contenido de las normas dictadas por los representantes para establecer en qué casos se debe intervenir y cómo hacerlo; y 2) la eficiencia, honestidad y principios democráticos de las personas elegidas para gobernar.
Ejemplos de modificaciones recientes introducidas al cuerpo del Estado son la Ley de Medios, y más reciente aun, la Ley de Abastecimiento, que amplían su grado de intervención al facultarlo para regular actividades antes no reguladas. En cuanto al mal accionar del Estado por desempeño deficiente del Gobierno tenemos desde los magros resultados educativos o el derroche de recursos públicos, como en el caso de Aerolíneas Argentinas, hasta la enajenación de su monopolio de la coacción física al permitir que el narcotráfico mate con la connivencia de las fuerzas de seguridad, y ahora, que los servicios de inteligencia decidan al margen de toda normativa institucional si crímenes como el de la AMIA se investigan o no, matando incluso al fiscal encargado de esa tarea.
Cuando se busca mejorar el Estado lo más frecuente es pensar en la calidad de la burocracia administrativa. Esto es correcto, pero
no suficiente. En primer lugar porque la actividad de los funcionarios está condicionada por el contenido normativo del Estado, y en segundo lugar porque la calidad de esos funcionarios depende de la voluntad de los gobiernos que los designan. Por eso, para mejorar el Estado es imprescindible que la sociedad política se comprometa con la elección de: a) representantes dispuestos a modificarlo dictando las normas que le otorguen las facultades que le falten, así como derogando total o parcialmente aquellas que hacen posibles sus excesos, y b) gobernantes que manejen el Estado reformado con eficiencia, transparencia y espíritu republicano.
*Sociólogo.
