La dominancia de la política sobre la economía es uno de los sellos distintivos de la década kirchnerista. En los años electorales, la administración económica se permite algunos excesos que difícilmente puedan ser sostenidos en el tiempo. Luego de los comicios de octubre próximo, el Gobierno deberá elegir.
Es lo que viene haciendo con toda nitidez desde que Cristina Fernández de Kirchner fue electa presidenta por primera vez. Un breve repaso, seguramente incompleto, grafica estos ciclos de aceleración y freno ligados al calendario político:
◆ En 2007, el Gobierno impulsó el gasto público cerca de 50% antes de los comicios. Cuando llegó el tiempo de ordenar la caja, en 2008, se optó por seguir aumentando la presión fiscal en lugar de moderar el gasto. Este fue el origen de la célebre resolución 125.
◆ Luego, y ante la imposibilidad de conseguir los recursos vía tributo, CFK ensayó un fugaz intento por volver a los mercados internacionales de crédito anunciando el pago con reservas internacionales de la deuda con el Club de París. El estallido de la crisis internacional sepultó los sueños de reinserción financiera y gatilló la estatización de las AFJP.
◆ A fines de ese año se sancionó la Ley de Movilidad Jubilatoria que estipula dos incrementos por año en los haberes de jubilados y pensionados. Pero la suerte para las elecciones de 2009 estaba echada; la crisis internacional y el conflicto con el campo habían calado hondo en la base de apoyo popular del oficialismo.
◆ En 2010 llegan nuevas definiciones en el frente financiero. La utilización de las reservas para el pago de los vencimientos de la deuda pública en dólares significó despejar las necesidades de caja hasta octubre de 2011. Nada más, ni nada menos.
◆ Con nuevos usos para los dólares del BCRA y un atraso cambiario cada vez más evidente, la fuga de capitales se disparó. Todos intuían que el Gobierno iba a hacer algo después de octubre. Además de frenar la fuga, la lista de pendientes incluía un ordenamiento fiscal –principalmente en subsidios–, alguna corrección de precios relativos (inflación, salarios y tipo de cambio) y definiciones en el sector energético: a la lógica de ajuste poselectoral se le sumaba la presión generada por la magnitud de los desequilibrios acumulados.
◆La respuesta oficial tuvo poco de sintonía fina. Para frenar la profusa fuga de dólares se implementó un cepo cambiario, se limitaron las transferencias de utilidades y regalías al exterior y se frenaron las importaciones. El déficit energético se atacó con la estatización parcial de YPF, que oxigenó a un sector paralizado por precios internos bajos y esquemas regulatorios poco previsibles. También se ampliaron los límites de financiamiento del BCRA al Tesoro, incorporando a la emisión de pesos como abundante fuente de recursos.
◆El Gobierno ensayó un tibio ajuste (selectivo) en las tarifas de servicios públicos que quedó trunco por la tragedia de Once. La sensibilidad oficial se antepuso a las restricciones de caja. De esta forma, y por primera vez en la era K, se volvió al déficit primario. Se pasó de un esquema dónde el ancla inflacionaria era el tipo de cambio a otro en el que los propios precios y salarios resultaron contenidos por la presión oficial, al tiempo que se aceleraba la devaluación. La clase media sufrió doblemente por el frenazo en salarios y el no ajuste del mínimo no imponible en ganancias. El 2012 fue el año de ajuste, aunque no se corrigieron las causas de los problemas.
Siguiendo la lógica del ciclo político, 2013 presenta mejores indicadores. El PBI va a terminar creciendo cerca de 3,5% gracias al impulso de la mayor cosecha, la venta de autos y el rebote de la construcción luego del desplome del año pasado. El consumo más rezagado responde a los acotados aumentos
alcanzados en paritarias, al impulso del gasto social del Gobierno y –previsiblemente– a la disminución de la carga por ganancias anunciada recientemente. Las empresas, unas más tibiamente que otras, se decidieron a invertir sus pesos “acorralados”, complementándolos con crédito a tasas bajas. Una economía sin brillo, pero tampoco en la sombra.
El problema sigue siendo la acumulación de desequilibrios que deberían ser atacados después de octubre. El principal es la restricción externa. Las reservas caen porque los dólares que ingresan por comercio se van en turismo, en compras con tarjeta de crédito en el exterior y en los pagos por servicios de la deuda. Si el Gobierno eligiese proteger la caja, al estilo 2012, debería restringir la salida de dólares. Reducir las importaciones es frenar la actividad económica. Atacar la fuga por turismo puede derivar en una nueva escalada del dólar paralelo. Otra alternativa sería seguir convalidando una baja en las reservas, una jugada delicada de cara a 2015, cuando la Argentina debe enfrentar importantes vencimientos (duplican a los de 2014).
¿Puede el Gobierno ensayar un nuevo giro a favor de los mercados internacionales de crédito? Difícil, sin una resolución favorable del conflicto con los fondos buitre que litigan en Nueva York. Sí deberíamos asignarle alguna probabilidad a un acuerdo con Repsol por la nacionalización de YPF, que destrabe la llegada de nuevas inversiones o, lo que es más importante, dólares frescos. Si bien es baja, el Gobierno sabe que revertir el déficit energético es clave tanto por su impacto en la caja en dólares como por la caja en pesos. El financiamiento en dólares de la obra pública también puede ser un recurso; en las últimas semanas, CFK comenzó a tildar de virtuoso este tipo de endeudamiento, en un evidente giro discursivo.
Que se ocupe seriamente de la inflación ya resulta un objetivo utópico, aunque deberá administrar un equilibrio delicado, pues el tipo de cambio ya sube al 30% anual y todavía no avanzó en el “acomodamiento” de precios relativos. Las tarifas de muchos servicios públicos siguen ridículamente retrasadas en comparación con el valor de otros bienes y servicios.
No menos importante será la caja en pesos. El aumento del déficit está generando fuertes presiones sobre el BCRA, cuya emisión compromete el equilibrio monetario. Frenar el gasto –como en 2012– implica pisar la obra pública, el único componente “ajustable” junto a los subsidios.
Luego de octubre se inicia una etapa en la que el Gobierno deberá administrar de manera visible una economía con poco margen de maniobra. Paradójicamente, los costos que deberá elegir pagar son el precio de sus propios errores
