Como nunca antes desde que ocupa un asiento en la Corte Suprema, hace casi tres lustros, a Ricardo Lorenzetti le llueven en los últimos días duros cuestionamientos desde los tres poderes del Estado. Incluso desde el que él encabeza. Y a veces, más que lluvia parece granizo.
Aunque en público se mantiene impertérrito, la procesión es menos visible pero indisimulable. Lorenzetti además no puede creer que todo esto que le pasa suceda menos de un mes después de su discurso de inicio del año judicial, con reclamo de autocrítica corporativa incluido. Una pieza que podría ser confundida con una proclama profunda y fundacional, si no fuera que fue dicha por quien preside el máximo tribunal del país desde hace más de once años. Puede sonar a despedida, si es cierto que a fin de año sus pares de la Corte no lo re-re-re-reeligen y ungen a Carlos Rosenkrantz como nuevo presidente.
Pero vayamos al aquí y al ahora. Sectores del Gobierno le vuelven a desconfiar (si es que alguna vez dejaron de hacerlo) por la decisión de rectificar el tribunal oral que va a juzgar a Cristina Fernández de Kirchner en dos causas sensibles: la ruta del dinero K y el memorándum con Irán. En los pasillos oficiales se admite que Lorenzetti le anticipó a Mauricio Macri ese paso, pero solo minutos antes de que se diera a publicidad la acordada cortesana.
Para intentar calmar los ánimos de la Casa Rosada, el juez promocionó que la medida era puntual y no afectaba la conformación de otros tribunales, como el de la Cámara de Casación, donde para el Gobierno es crucial que se mantengan Leopoldo Bruglia y Carlos Mahiques.
Desde el Congreso provino la principal andanada. El disparador fue la difusión de conversaciones privadas entre Cristina y su ex mucamo gubernamental Oscar Parrilli. El escándalo de la filtración fue obviado mediáticamente porque sus protagonistas estimulan la doble vara a la que algunos son tan afectos. Esos audios fueron ordenados por el juez Ariel Lijo y ejecutados por la oficina de escuchas que ahora dependen de la Corte y del camarista Martín Irurzun, muy cercano a Lorenzetti. CFK le atribuye a éste la culpa de la propagación.
Elisa Carrió, eterna enemiga del jefe cortesano, exploró con el kirchnerismo duro (indignado con este espionaje, nunca con el propio) y el resto del peronismo la posibilidad de ir contra Lorenzetti, con el argumento de que las escuchas demuestran que se armó una oficina de inteligencia paralela. No deja de ser curioso que el rafaelino una los intereses de Lilita y Cristina, en apariencia irreconciliables.
La movida en Diputados llegó rápido a los oídos del supremo magistrado, que reaccionó a su estilo. Llamó a algunos legisladores de confianza y a un interlocutor informal ante el Gobierno para medir el nivel de tensión, envió una nota a la AFI para chequear si había abierto alguna investigación interna por las filtraciones (no es broma) y activó a un par de sus habituales voceros en los medios para mostrarse como víctima de un complot.
De estas intrigas no es ajeno el propio brazo estatal que lidera Lorenzetti. En algunos despachos de la Justicia Federal se observa con tirria la decisión de la Corte de pedir que se investigue cómo se conformó la sala de la Cámara Federal que con su voto liberó a Cristóbal López y cambió la carátula de su estafa al Estado con diferimientos impositivos. En Comodoro Py están (mal) acostumbrados a que el máximo tribunal no los desnude públicamente.
Las maquinaciones se intensifican de la mano de tareas subterráneas encaradas por dos personajes de peso en servicios judiciales y de usos múltiples desde hace mucho tiempo: Jaime Stiuso y Javier Fernández. Semejantes sombras en torno a la impudicia en la Justicia no hacen más que calibrar el grado de descomposición que atraviesa un poder clave de nuestra estructura institucional. Más allá de cualquier máscara de autocrítica.
