1960. El 21 de marzo la policía de Sudáfrica mató a 69 personas. |
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Daniel Mato*
El 21 de marzo de 1960, la policía de Sudáfrica mató a 69 personas que manifestaban pacíficamente contra las leyes del apartheid. En 1966, la Asamblea General de Naciones Unidas resolvió que el 21 de marzo de cada año se conmemore el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
En América Latina, el racismo afecta especialmente a las personas y los pueblos indígenas y afrodescendientes. Este problema, originado en el período colonial, continúa vigente. Si bien en algunos países los comportamientos abiertamente racistas hacia estas personas y comunidades son menos habituales, existen desventajas históricamente acumuladas, mecanismos institucionales, prejuicios y prácticas que continúan reproduciendo inequidades. Las expresiones “racismo oculto”, “estructural” o “sistémico” permiten llamar la atención respecto de estos problemas.
Las instituciones y políticas de educación superior no escapan a estos problemas. Ellos se expresan no solo en prejuicios y descalificaciones, sino también en la exclusión de las historias, lenguas y conocimientos de esos pueblos en los planes de estudio. También lo hacen en la escasa participación de personas indígenas y afrodescendientes entre el estudiantado, docentes, autoridades y funcionarios.
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Recientemente, en una prestigiosa universidad brasileña un estudiante “blanco” depositó agresivamente una banana en el pupitre en el que estaba estudiando un estudiante “negro” y le espetó: “Macaco cotista”, es decir: “Mono de cuota”. Con esta expresión hacía referencia a los programas de cupos reservados a estudiantes indígenas, negros y otros de sectores sociales excluidos. Este es un ejemplo de racismo abierto, pero abundan los de racismo oculto. A pocos sorprende que aunque según el Censo de 2010 la población indígena de Argentina represente casi el 2,5% del total nacional haya tan pocos estudiantes indígenas y aun menos los docentes y directivos. O que en Brasil, donde la población afrodescendiente supera el 50%, sea tan baja su proporción entre estudiantes, docentes y directivos. A nadie sorprende que en las facultades de Farmacia no se estudien los conocimientos de pueblos indígenas acerca de aplicaciones terapéuticas de especies vegetales, pero que los laboratorios farmacéuticos se ocupen de obtenerlos y patentarlos en su propio beneficio. Hay numerosos ejemplos para todos los campos del saber.
El racismo no solo afecta las posibilidades de que personas indígenas y afrodescendientes accedan a la educación superior y logren graduarse en los lapsos esperables. También afecta la calidad de la formación que las universidades ofrecen, la investigación que realizan y su papel en la formación de ciudadanos y de opinión pública. Las ideologías y prácticas racistas también impregnan la formación de docentes y así se irradian hacia todo el sistema educativo. Todo esto perjudica no solo a las personas y comunidades de esos pueblos, sino a cada sociedad en su conjunto, que se priva de sus conocimientos, lenguas y contribuciones a la solución de importantes desafíos ambientales y sociales.
En vista de estos problemas y de lo establecido en varios convenios internacionales la 3ra. Conferencia Regional de Educación Superior, realizada en Córdoba en junio de 2018, entre otras recomendaciones enfatizó que las políticas e instituciones de educación superior deben contribuir proactivamente a desmontar todos los mecanismos generadores de racismo. El reto es llevar esta recomendación a la práctica.
*Director de la cátedra Unesco Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina de la Untref y director adjunto del Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados (CIEA) de la Universidad.
