Una de las primeras medidas que tomó Bolsonaro apenas asumió la presidencia de Brasil fue paralizar el Mecanismo de Cooperación e Intercambio en materia de la Abogacía Estatal (MeCIMAE), mecanismo que había nacido en 2008 en Argentina, habiendo sido suscripto por la Procuración del Tesoro de la Nación, la Advocacia-Geral da União (AGU) de la República Federativa del Brasil y la Procuraduría General de la República del Paraguay, cuya ausencia reiterada, luego de la crisis legislativa que llevó a la destitución de Lugo en 2012 (semejante a la que destituyó a Dilma Rousseff, proceso de golpes blandos que se inicia con la caída de Zelaya en Honduras en 2009, apenas un año después del nacimiento regional del MeCIMAE), terminó también afectando al MeCIMAE. Uruguay no tenía Procuración del Tesoro, como Bolivia, que recién la creó en 2010 con el gobierno de Evo Morales. Esto es: se frenó –luego de la destitución de Lugo y el triunfo de Bolsonaro–, la cooperación entre las Escuelas de Abogados del Estado de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, en la convicción de que tener abogados de los cuatro países bien formados para defender los intereses públicos y sociales representaba un obstáculo serio para las políticas de hambre y desmantelamiento neoliberales, que hubieran encontrado en la abogacía pública latinoamericana (y nacional de cada país) un freno. Ese freno es lo primero que desaparece: los gobiernos neoliberales, lo primero que hacen, discretamente, con enorme disimulo, pero siempre de modo regular y prioritario, es desmantelar la abogacía del Estado. Atacar al Estado en general, pero a los abogados del Estado en concreto. Esto es: degradar al cuerpo de abogados de cada país. Sin un cuerpo de abogados bien formado y con la camiseta de la defensa de los intereses nacionales, es mucho más fácil llevar adelante políticas criminales de vaciamiento, extranjerización y endeudamiento, políticas de hambre. El hambre es parte de un proceso de expoliación y robo de recursos. Es parte de un Estado que no defiende bien su soberanía. Que no tiene a los abogados comprometidos a fondo. Porque nuestros países no son pobres. Son empobrecidos, que no es lo mismo.
Por eso en nuestros países es prácticamente desconocida la figura del Procurador del Tesoro: no estamos del todo acostumbrados a tener un abogado que nos represente y defienda nuestros intereses. Al contrario: estamos acostumbrados a que muchas figuras de la primera línea de la política (presidentes como Ortiz son un ejemplo), sean designados desde el exterior, para favorecer a países que importan nuestras materias primas a precios bajos, mientras se hambrea –con una inflación en alimentos a tasa internacional–, a nuestro pueblo. Que Argentina negocie el precio del pan es una afrenta que no debiera ser naturalizada. Es un crimen.
Argentina no fue la excepción a este proceso de desmantelamiento de la abogacía pública. El gobierno de Macri, como el de Bolsonaro (y antes el de Paraguay en 2012), desmanteló la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado argentino (ECAE), donde se forman los y las abogadas que van a tener en sus manos nada menos que la defensa de los intereses de la Nación. La ECAE no tenía ni una placa en la puerta que la designara. No fue casual: en esa placa figuraba el nombre de un secretario de Derechos Humanos: Eduardo Luis Duhalde. Como no se compartía tampoco la política de Memoria, Verdad y Justicia, esa placa fue quitada. Desapareció de la entrada. No se valoraba la formación del cuerpo de abogados del Estado, tercerizando su capacitación en otros espacios –privados– mucho menos comprometidos con la soberanía nacional, y se desmerecía la política de DD.HH., que le ha valido a nuestro país un reconocimiento internacional. La abogacía pública es la abogacía que defiende el interés nacional, popular, social. Sacar a la población de la miseria exige defender nuestra soberanía.
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