Las limitaciones impuestas por la realidad al discurso de los derechos humanos como legitimante de un Gobierno que atraviesa el último tramo con severas restricciones para garantizar el ejercicio simultáneo de algunos elementales, quedó en evidencia con el gendarme que fingió ser arrollado por el automóvil de un militante de la ultraizquierda y hallar así una razón para proceder a detenerlo.
El de libre circulación del tránsito cuando se promueve entorpecerlo a modo de protesta compite por el podio con el derecho a la vida que se procura garantizar desde la concepción hasta los primeros meses con diversos programas de asistencia pero que entra en zona de riesgo con el fracaso de la seguridad proporcionada
por el Estado.
Atribuyéndole a Sergio Berni responsabilidad directa en las prácticas fuera de la ley que obligaría a cumplir a efectivos de aquella fuerza, como infiltrar a los huelguistas de la autopartista Lear, Horacio Vertbistky terminó por coincidir con el criterio predominante sobre María Cecilia Rodríguez, titular del ministerio competente: su presencia allí se parece bastante a la de un holograma.
No es la única omisión de quien mejor interpreta desde el periodismo al elenco oficialista, que otorga a sus críticas el tácito aval del que no goza, aunque quisiera, el resto de la prensa amiga. Una relevante es que el espionaje al activismo sindical de la ultraizquierda quedó al descubierto en la gestión de Nilda Garré, su amiga en los años de la maravillosa juventud setentista.
La otra es que los aparentes extremos se tocan por decisión política de quien ocupa el centro del dispositivo en el poder institucional: la presidenta Cristina Fernández. Es paradójico que la colisión entre ambos se origine en el afán de reivindicarla.
La inclinación de La Cámpora a constituirse en Tribunal de Alzada ex post facto para examinar cualquier supuesto desvío ideológico del modelo deja menos solo al periodista en la cruzada.
Acérrimos enemigos académicos de la teoría del derrame capitalista que, sin embargo, justifica mejor que otras las declaraciones patrimoniales de los más destacados, a los jóvenes funcionarios les preocupa cualquier instancia que ponga en duda el supuesto proceso de democratización que creen llevar adelante.
Aunque los anuncios oficiales promueven lo contrario, la dinámica de este falso igualitarismo deriva en un estancamiento decadente que conmueve viejas lealtades. José Pablo Feinmann criticó a “un gran amigo”, Raúl Zaffaroni. “No me cae bien la cuestión de los departamentos” del juez alquilados para prostíbulos, aseguró el filósofo que demoró tres años en hacer pública la diferencia. Si la crisis proveyó la oportunidad para hacerlo, es un interrogante que acaso también revele el paso del tiempo.
Aspirante eterna a ser alternativa real, la oposición no peronista efectúa su aporte paseándose en la TV abierta de media tarde para estimular una demanda que no entusiasma su oferta. Especialmente en el Conurbano, llave al éxito de cualquier proyecto electoral y platea fiel de esos envíos. Si no como intrusos, suelen lucir como intratables en el espacio donde los funcionarios K transitan desenvueltos.
Si acreditar conocimientos en temas económicos y energéticos será condición esencial del próximo presidente para atender las urgencias que heredará, un aprendizaje acelerado de semiótica completaría el pliego de requisitos exigibles. Capital, corporación, empresario, equidad, extranjero, inclusión, intervención, modelo, nacional y patria, entre otros términos clave del enunciado oficialista, llegan al fin de este ciclo vacíos de contenido.
La acumulación de recursos será imprescindible para dotarlos de nuevo capital simbólico y restituir la credibilidad en la palabra del Estado como un valor social positivo. Además de una proeza, será un verdadero acto de justicia legítima. Para todos.
*Titular de la cátedra Planificación Comunicacional. Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ).
