El Poder Ejecutivo elaboró un borrador de proyecto sobre acciones colectivas en el marco de “Justicia 2020”, que constituye un claro retroceso en relación con la regulación constitucional, las leyes específicas y la práctica de los tribunales, una regulación que afecta las posibilidades de acceder a la Justicia en defensa de los derechos humanos, beneficiando a las grandes empresas y al Estado demandados en este tipo de procesos.
La población sufre masivamente vulneraciones de derechos básicos, a la salud, a la educación, como usuarios y consumidores, entre otros, y por razones diversas, no tiene acceso a la Justicia para asegurarlos, especialmente los sectores más vulnerables. Muchos de estos conflictos tienen una dimensión colectiva, por tratarse de afectaciones sufridas de manera similar o igual por grandes grupos de personas. El Estado y las grandes empresas tienen escasos o nulos controles, y es extremadamente costoso, en tiempo y dinero, contratar abogados/as y lograr la intervención judicial frente a una vulneración de derechos. Las acciones colectivas permiten que una persona afectada, el Defensor del Pueblo (si el cargo no estuviera vacante hace más de ocho años) y organizaciones de la sociedad civil puedan demandar judicialmente al Estado o a empresas por la violación de derechos de cientos, miles o millones de personas afectadas por un mismo hecho.
Estas acciones han permitido que organizaciones y personas afectadas demanden judicialmente al Estado por el aumento de tarifas de servicios básicos sin audiencia pública, por la falta de medicamentos para el HIV, por la omisión de asegurar vacantes escolares y transporte escolar, a los bancos por el cobro indebido de intereses y otros cargos, a las telefónicas y prepagas de salud por cobros indebidos, entre muchas otras prácticas ilegales que afectan masivamente a la población. Además de hacer posible el acceso a la Justicia de grandes grupos de personas que no cuentan con recursos materiales, tiempo ni posibilidades concretas de contratar abogados/as en defensa de sus derechos, las acciones colectivas son una forma más eficiente de administrar Justicia, permiten equilibrar las fuerzas, y generan fuertes desincentivos para la conducta ilegal y la corrupción, en la medida en que permiten ejercer control social incitando la intervención judicial ante violaciones de derechos.
De acuerdo al Registro de causas de la Corte (contiene causas en juzgados nacionales y federales), los principales demandados en acciones colectivas son los bancos (37% de los casos), seguidos por el Estado Nacional (17%), compañías de seguros (16%), y otras grandes empresas (17%). La regulación que propone el Poder Ejecutivo los beneficiaría, ya que dilata aún más los procesos colectivos, restringe quiénes pueden iniciarlos estableciendo una serie de requisitos que contradicen el claro texto constitucional, muy amplio en comparación con la restrictiva e incompatible normativa estadounidense que se propone como una de las fuentes, e impide la apelación en el caso de denegatoria de medidas cautelares, entre muchos otros problemas.
Cuarenta organizaciones de derechos humanos, de usuarios y consumidores han firmado una petición al ministro y a las autoridades de “Justicia 2020”, a fin de que se abstengan de impulsar el inconstitucional borrador propuesto, y para que se impulse una regulación de los procesos colectivos que tienda a ampliar su uso y eficacia para asegurar el acceso a la Justicia de las personas. Si se aprobara un texto como el propuesto, el acceso a la Justicia y a los derechos en Argentina sufrirán un grave retroceso.
*Co-directora de ACIJ.
