Es un fuerte retroceso jurídico eximir de responsabilidad, como contempla un proyecto de ley discutido en el Congreso, a los donantes de alimentos por los eventuales daños y perjuicios derivados del consumo de los alimentos que estos bancos acumulan y donan, y que son consumidos por los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
El proyecto impulsado por los bancos de alimentos permite eximir de responsabilidad a los donantes por los daños y perjuicios que pudieran producirse, siempre que esos alimentos hayan cumplido con los controles bromatológicos estipulados por la ley vigente. Pero tales controles, presentes en la ley de alimentos que se quiere reformar, configuran un piso mínimo e insuficiente, por tal razón se contempla la responsabilidad de los donantes. Tal retroceso legislativo no encuentra justificación ni necesidad alguna, salvo que los alimentos que se donan estén disminuyendo en su calidad y puedan derivar en daños a la salud de sus consumidores, que son sectores vulnerables con escasa capacidad de demanda jurídica y poca visibilidad. El Estado está obligado a velar por la tutela de esos sectores desfavorecidos, no flexibilizando la regulación, ya lábil, en materia de donación de alimentos, sino volviéndola cada día más rigurosa, de modo de atacar el verdadero problema de fondo, aun más grave en un país productor de alimentos como Argentina: la desigualdad y la pobreza extrema. El hambre en un país como Argentina –y en rigor en todo país– es un delito. Thomas Pogge califica a la pobreza extrema como un crimen de lesa humanidad, que debería indignar tanto como una matanza. Porque en cierto sentido opera de esa misma manera: matando. Afectando la vida y el crecimiento de millones de niños alrededor del mundo, que no encuentran lo básico para sobrevivir, agua potable y alimentación sana. En muchos países de centroamérica –y en provincias pobres del norte argentino, manejadas aun como feudos– es común ver chicos comiendo tierra. El hambre es un flagelo. Los bancos de alimentos existen –y crecen– ante la inacción del Estado. Como los merenderos.
Uno de los objetivos centrales de estos bancos de alimentos es evitar el desperdicio. Es un objetivo justo y valioso en un mundo que tiene de un lado millones de personas hambrientas, y del otro, sectores que disfrutan de la abundancia, cuyo corolario es el desperdicio. Por eso cientos de personas comen cada noche lo que encuentran en la basura. Porque se tira comida. Que Argentina quiera eximir de responsabilidad a los donantes por los perjuicios que puedan derivarse de los productos donados en lugar de atacar el problema del hambre de raíz, constituye un retroceso jurídico: los pobres tienen los mismos derechos que el resto de los argentinos a alimentos de calidad, con los mismos estándares y regulaciones. No es ética ni jurídicamente aceptable bajar el piso de requisitos legales mínimos para la alimentación de los sectores más carecientes. Al contrario.
Unicef lanzó una valiosa campaña publicitaria, en la que pedía a las madres de chicos de sectores vulnerables que no dejaran la teta rápido, sino lo más tarde posible. Se acusó a Unicef de agravar o apoyar los estereotipos de género y el lugar de la mujer como madre. Pero Unicef buscaba precisamente garantizar la buena alimentación de los chicos más pobres. La mejor alimentación, cree con razón Unicef, es para los chicos más pobres, la leche materna. Ningún alimento en sectores carenciados –tampoco en no carenciados, pero sobre todo en sectores vulnerables– puede reemplazar en calidad y cantidad a la leche de la madre. Por eso Unicef recomendó, para no exponer a estos chicos pobres a la mala alimentación desde tan pequeños, cuando todo su sistema nervioso está en formación, que las madres demoraran en destetarlos, amamantando incluso después del primer año de vida. Este retroceso regulativo es una acabada muestra de que la campaña de Unicef era atinada en países con altos índices de pobreza, como Argentina.
*UBA-Conicet. Becario de la OEA . Profesor.
