Tras ganar las elecciones, el Gobierno sacó a la luz su proyecto de reforma laboral que incluye modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo. Esto se suma a lo que ya venía negociándose en los convenios colectivos, que es una de las vías por donde pasa la flexibilidad. En el campo de las regulaciones laborales, este avance se da en el mismo sentido de todas las reformas desde Menem hasta Kirchner. Se trata de una tendencia e incluso a nivel mundial: el retroceso en las conquistas laborales.
La Ley de Contrato de Trabajo que rige hasta hoy es la que promulgó la dictadura del 76. Desde entonces, todos los gobiernos han hecho modificaciones que van en detrimento de los trabajadores. La principal ola de reformas tuvo lugar durante el primer gobierno de Menem, aunque en su segundo gobierno lanzó una nueva reforma que desestimó algunos elementos de la previa. Luego, De la Rúa y su Ley Banelco profundizaron la reforma menemista. Kirchner derogó esa ley, aunque mantuvo algunas de sus modificaciones que empeoraban las condiciones que ya se habían impuesto en los 90. Por ejemplo, mientras Menem había dejado el período de prueba en un mes, Kirchner lo llevó a tres meses.
La reforma que propone Macri avanza un paso más. Por ejemplo, lo que sucedió con la indemnización. El gobierno militar impuso un tope al salario base sobre el que se calcula. Menem modificó la forma de cálculo de ese tope e impuso un mínimo de dos salarios. Luego Kirchner bajó el mínimo a una sola remuneración. Hoy Macri busca excluir el aguinaldo para definir la mejor remuneración sobre la que se calcula la indemnización. Esto es algo que ya ocurría de hecho en el ámbito de CABA desde 2009. Este es sólo un ejemplo de cómo se fue impulsando una tendencia a la baja en las indemnizaciones. Por otro lado, la iniciativa de creación de los fondos de cese laboral tiene su antecedente en el régimen que existe para los trabajadores de la construcción que data del gobierno de Onganía y fue modificado por la última dictadura sin que ningún gobierno lo derogue.
Hay algunas modificaciones que ya ocurren de hecho y que el Gobierno pretende formalizar, como el banco de horas que permitiría eliminar las horas extras. Por un lado, esta modalidad ya era utilizada desde los 90 y se extendió durante el kirchnerismo como recurso que se pactaba durante las épocas de crisis mediante acuerdos que eran aprobados por el Ministerio de Trabajo. El mismo Tomada, que ha criticado esta iniciativa, ha firmado más de un acuerdo en ese sentido. Además, la posibilidad de compensar las horas extras con horas de descanso sin pagarlas ya estaba contemplada en la ley para la tipología de trabajo por equipo. Otro punto son las modalidades de contratación que encubren y precarizan la relación laboral. El Gobierno pretende excluir del ámbito de aplicación de la ley a monotributistas. Cabe recordar que este tipo de modalidades de empleo se han expandido bajo los gobiernos anteriores. Por ejemplo, en el Estado la dotación de contratados y monotributistas pasó del 6 por ciento en 2003 al 19 en 2015.
La precariedad de la contratación, la degradación de las condiciones laborales, en suma, el ataque a las conquistas obreras no es una novedad que inaugura este gobierno. Por el contrario, se trata de un largo proceso que lleva décadas en nuestro país. Los objetivos que se esgrimen en cada oportunidad son similares. Sin embargo, el trabajo en negro no ha logrado disminuirse, el empleo se recupera principalmente en aquellos sectores con trabajos más precarios, mientras crece el subempleo. En estas décadas de flexibilidad la calidad del empleo disminuyó, junto con el promedio de los salarios reales. Esta nueva reforma es un eslabón más en una larga cadena de degradación que se ciñe sobre los trabajadores.
*Investigadora del Conicet y miembro del CEICS-Razón y Revolución.
