Si el pasado lunes 20 de diciembre se hubiera hecho una consulta entre quienes votaron a Juntos por el Cambio y se les hubiese preguntado si sabían quiénes son Álvaro González, Camila Crescimbeni y Gabriela Brouwer de Koning, posiblemente la gran mayoría habría dicho que no. Sin embargo, son legisladores y fueron votados por el electorado opositor. Los dos primeros pertenecen a la escudería PRO y el restante, a Evolución Radical. Así se vota en la Argentina. Las listas llevan a seis o siete nombres conocidos como mascarones de proa y detrás un largo reparto de candidatos ubicados allí no en función de los intereses y necesidades de la ciudadanía, sino de las componendas, forcejeos, loteos e internas de los partidos y coaliciones. Se vota sin saber a quién y no se vota por programas, porque estos no son presentados ni fundamentados.
Con argumentos variopintos, que incluyeron temas de salud (hoy el covid-19 da para todo tipo de fugas, ausencias, prohibiciones, cancelaciones, evasiones, etcétera) y razones familiares que curiosamente los remitían a tierras lejanas, estos legisladores ignotos para la mayoría de la población faltaron a una votación parlamentaria en la que el triunfo oficialista, que hubiera sido imposible con ellos presentes, perjudicará a una gran masa de ciudadanos, entre ellos quienes los votaron para una función de la que desertaron.
Mientras tanto, la diputada bonaerense Natalia Sánchez Jáuregui, elegida por Juntos por el Cambio, hizo una cabriola que la depositó en la bancada oficialista. Una burla a sus votantes, lo que desde hace años se conoce como “borocoteada”. En todos los casos, en cuanto fueron cuestionados, estos legisladores se mostraron ofendidos. ¿Cómo alguien se atreve a dudar de su probidad? Como si una vez instalados en su función esta los blindara ante cualquier deber moral y los excusara de responder ante sus electores. En su libro titulado Corruptorado: el origen de las clases corruptas, la filósofa y doctora en Ciencias Jurídicas platense Mónica Beatriz Bornia sostiene con sólidos argumentos que la corrupción es un fenómeno degradante que se extiende más allá de lo meramente económico. En todo caso, su cara económica es la más visible, pero su versión ética, moral y de valores cala aún más profundo y crea una cultura socialmente devastadora. La burla hacia las obligaciones, la irresponsabilidad, el desarme moral, el desprecio por virtudes como la austeridad y el trabajo pavimentan el camino de la corrupción, señala Bornia, y describe al corruptorado como una nueva clase social. No es una casta, explica, porque a diferencia de esta el corruptorado admite gran movilidad, está en cambio constante y en él se puede entrar y salir casi instantáneamente. A veces basta con una actitud. El estudio de Bornia es muy interesante porque saca a la corrupción del estrecho nicho del latrocinio, los negociados, las coimas y la cleptocracia y propone verla en toda su amplitud degradante de la confianza, la esperanza y los valores de la sociedad en su conjunto. Los miembros de esta clase, escribe Bornia, autojustifican sus actos, los consideran demostración de inteligencia y astucia, y son capaces de darles una lectura positiva (léanse para el caso las argumentaciones esgrimidas esta semana por los legisladores cuestionados).
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A la luz de los hechos, llamarse oposición no es prueba de nada (ni siquiera de ser opositor, si se observan las acciones y declaraciones del flamante líder del radicalismo, Gerardo Morales). Más allá de quiénes ganan las sucesivas elecciones presidenciales o legislativas, a cada paso queda en claro quién las pierde. El ciudadano, que asiste a riñas e internas, a tironeos por espacios de poder real o figurado, tanto en el oficialismo como en la oposición, y a un porvenir cada vez más vacío. El ciudadano, que no sabe a quién vota hasta que termina conociéndolos por sus actos, cuando ya es tarde. Hace 26 siglos Confucio, el filósofo chino, decía: “Los reinos perecen a causa de su descomposición interna, antes de que otros los ataquen”. Vale hoy para oficialismo y oposición.
