Es menester, para resolver el flagelo de la inseguridad (fenómeno complejo que tiene muchas causas y no sólo algunas pocas, como muchas veces se cree), salir en primer término del falso dilema en que los políticos argentinos se encuentran inmersos: el de pensar que la inseguridad se combate aumentando penas, flexibilizando garantías, contratando más y más policías y creando cárceles (muchas de las cuales funcionan violentando derechos elementales, conculcando garantías básicas de los detenidos en ellas, violando de manera clara y abierta nuestra Constitución); cuando no es así, la opción no es “derechos de los ciudadanos” vs. “derechos de los delincuentes”, la inseguridad no se combate recortando derechos o garantías (cuestionando al “garantismo”), sino ampliando derechos (ampliando y preservando también los derechos de aquellos que delinquen), promoviendo un mejor acceso a la justicia para todos los sectores sociales, con políticas claras y eficientes de integración social.
La inseguridad no se combate con más penas o penas más duras, porque la pena se ocupa solamente de la consecuencia de la inseguridad, pero no ataca nunca sus causas. A su vez, el derecho penal concentra sus pocos esfuerzos en los crímenes más toscos, pocas veces criminaliza la criminalidad más grave, que es la económica, que produce los peores estragos en una sociedad: la pobreza y la desigualdad, caldo de cultivo de la inseguridad.
Tenemos un derecho penal acostumbrado a criminalizar la pobreza (producto de la otra criminalidad económica, que nuestro derecho no nombra, no juzga); tenemos una sociedad demasiado proclive a reproducir estereotipos en lugar de asumir los nudos de la violencia estructural, de los cuales nace toda la inseguridad que padecemos. Uno de los nudos de violencia estructural es la mal llamada “pobreza estructural” (como si el eufemismo de llamarla “estructural” liberara a los políticos de asumir las responsabilidades que les caben para erradicar la pobreza, el trabajo infantil, la falta de escuelas, hospitales, etc). La inseguridad es una consecuencia de la falta de garantías y de la falta de derechos. Por eso, no se debe cuestionar que los delincuentes tengan derechos humanos, al contrario: se debe pensar en qué falla una sociedad, al punto de que delitos atroces se cometen a diario. ¿Dónde está el error?
La marginalidad, la pobreza, la exclusión social generan violencia, porque son violencia, son formas de violencia estructural que no vemos. John Locke mismo lo vio en los comienzos del liberalismo. No se le puede pedir al marginado respeto al Estado y a la sociedad que lo excluye. La pobreza estructural es una forma de violencia, los chicos revolviendo la basura o viviendo hacinados, sin casa ni escuelas, con padres sin trabajo, son una violencia primera a la que nos hemos acostumbrado.
La inseguridad es un fenómeno que se cobra vidas y que requiere respuestas claras y urgentes. La primera es asumiendo que lo que llamamos inseguridad tiene muchas caras (para otros sectores, “inseguridad” es la falta de alimentos, inseguridad es la falta de escuelas, inseguridad es la falta de trabajo, de una cama, inseguridad es la falta de agua). La inseguridad se combate ampliando garantías y reconociendo derechos sociales, no incrementando penas. La respuesta del Estado al flagelo de la inseguridad no puede ser la violencia (institucional), sino la profundización del llamado Estado social de derecho.
No se debe cuestionar, pues, al garantismo, se debe cuestionar la falta de garantías, porque es en la falta de garantías, en la falta de derechos, donde nace el problema: la inseguridad es una respuesta a la falta de garantías. Pedir menos derechos (cuestionar el respeto a “los derechos humanos de los delincuentes”) es pedir, paradójicamente, que ese problema que vive la sociedad se agrave. Por eso, es menester salir del falso dilema: el dilema no es derechos de los ciudadanos versus derechos de los delincuentes.
El problema es que nos manejamos (también en el lenguaje que usan los medios, también en el lenguaje que usamos en nuestra cotidianeidad) como si hubiera dos categorías diferentes de personas en la sociedad, cuando hay sólo una.
* Abogado (UBA-Conicet). Becario de la OEA. Profesor visitante de la Freie Universität, Berlín.
