La seguridad social es fundamental para asegurar a quienes trabajan en el sector formal la cobertura de los servicios de salud y otros. La seguridad social se basa en el principio de solidaridad, que implica que las personas aportan un porcentaje de sus salarios, cuyo monto varía según el salario, pero todos tienen los mismos derechos de recibir las mismas prestaciones sin diferencias según el aporte que han efectuado. En nuestro país la seguridad social se brinda a través de las obras sociales, que nuclean a los trabajadores por actividad y se basan en los sindicatos, si bien son estructuras diferentes.
La protección social son beneficios que la ciudadanía tiene independientemente de su condición laboral, fundamentalmente están referidas o destinadas a la población sin cobertura de la seguridad social. Las mujeres en general estamos mayoritariamente incorporadas en el trabajo informal, o sea sin cobertura de la seguridad social. Cuando estamos incorporadas en el sector formal, ocupamos actividades de baja productividad y tenemos salarios más bajos que los varones, además en general trabajamos menos horas que los varones, todo esto redunda en menos ingresos o menor salario. Un problema que tiene nuestro sistema de seguridad social es que el principio solidario se quebró cuando, durante la presidencia de Menem, se autorizó a los beneficiarios con mayores ingresos a poder usar sus aportes para contratar un sistema de seguro privado con mejores prestaciones. Para ello necesitan una obra social que se los permita, y si la obra social a la que pertenecen no se los permite lo hacen a través de una que sí lo permita. Esta semana se difundió el caso de una obra social que disminuyó sus beneficiarios a solo cuatro porque es una actividad que ahora no se requiere: son comisarios navales. Esa obra social tiene un acuerdo por el cual acepta beneficiarios que quieran contratar un seguro privado, cobrándoles un 7% de sus aportes. De esta forma esa obra social, que debería cerrarse porque ya no tiene sentido, transfiriendo sus afiliados a otra obra social, continúa funcionando y consigue aumentar significativamente sus ingresos. La ampliación de sus ingresos es porque recibe del Fondo de Redistribución para ayudar a las obras sociales a cubrir los costos de las prestaciones a sus afiliados, el monto correspondiente a un número de afiliados que en realidad no cubre. Porque en este caso la obra social solo cubre a esos cuatro afiliados, pero recibe el monto por el total de los que se afiliaron para pasar al seguro privado. Esto es legal, pero implica que se está usando dinero del Fondo de Redistribución para apoyar a las obras sociales que más lo necesitan, para apoyar a una que no tiene responsabilidad en la atención de todos esos beneficiarios. Esto adquiere más significado si consideramos que en estas condiciones hay cuatro millones de beneficiarios que sacaron del sistema sus aportes para contratar un seguro privado. Dado que son afiliados con salarios más altos, al retirar sus aportes que corresponden a los mayores aportes desequilibran los ingresos de sus obras sociales. Esto quiebra el principio de solidaridad y además permite que una obra social con solo cuatro afiliados siga operando y maneje un considerable presupuesto sin saber su destino.
Esto nos afecta a las mujeres porque estamos en las obras sociales más pobres, que son las que más necesitan los aportes del Fondo de Redistribución, que de esta forma ven menguados los fondos a su disposición. Por eso debemos atender estas situaciones que no parecen de interés directo, pero que nos afectan a la hora de necesitar las prestaciones médico asistenciales. El sistema de seguridad social debemos cuidarlo, para eso hay que eliminar estas disposiciones que atentan contra su esencia.
