Ninguna sociedad puede ser estable ni desarrollarse como un sistema equitativo de cooperación entre personas libres e iguales si el conjunto de sus miembros no acepta y se compromete con los principios de Justicia. El principal de esos principios es que lo justo debe ser enemigo de lo bueno, lo cual define a la imparcialidad de la Justicia. Sin ésta condición las personas no se sentirían igualmente tratadas y protegidas. Estas ideas pertenecen al núcleo de Teoría de la Justicia, la obra de John Rawls (1921-2002) que desde que fue publicada, en 1971, se convirtió en elemento esencial de toda indagación que, en filosofía política y en filosofía del derecho, pretenda ir más allá de lo epidérmico.
Si siguiéramos el hilo del señalamiento de Rawls sintetizado aquí posiblemente llegaríamos a la conclusión de que la Argentina ya no es solo un país al margen de la ley, como lo describía el fundamental jurista Carlos Nino (1943-1993) en su libro titulado así, sino lisa y llanamente un país al margen de la Justicia. Algo que comienza a temerse cuando a la endémica anomia de una masa crítica de la sociedad (sin distinción de estamentos económicos, educativos o culturales) se le suma la anomia de quienes deben administrar Justicia. Si una vicepresidenta bajo fundamentadas sospechas de múltiples hechos de corrupción, y acusada de complicidad en el encubrimiento del mayor atentado terrorista sufrido en el país, recibe de un tribunal el permiso para insultar a los mismos jueces que, tras escucharla impávidos, la sobreseen, la ciudadanía tiene fundamentos para preguntarse cuál fue la razón última del fallo (más allá de la palabrería y el malabarismo jurídico). ¿La cobardía o la complicidad? Mientras la respuesta queda en el aire, el cielo social es oscurecido por densos nubarrones de desaliento, de impotencia, de descreimiento que acompañan a la sensación de que la Justicia es aquí una utopía o una entelequia. Pero casi nunca, o nunca, una certeza.
El sociólogo y doctor en Derecho Roberto Gargarella (protagonista de una imprescindible conversación con Jorge Fontevecchia publicada en este medio hace una semana) apuntaba recientemente que, desde el Juicio a las Juntas Militares, la impunidad no hizo más que afianzarse. Y cabría agregar que, en lo que va del siglo, se entronizó, en llamativa simultaneidad con la pandemia de corrupción económica y moral que sufre la sociedad y cuyos vectores están en los gobiernos, la política, los negocios y en la misma Justicia, que, como señala Gargarella, “frente a otros casos no fue capaz de sentar a los acusados más poderosos, sino que terminó contribuyendo al pacto entre élites. Las estructuras no nos están sirviendo, porque en general están al servicio de la impunidad. Eso no es hablar de cada uno, sino que el sistema judicial sirve fundamentalmente a la impunidad”.
En Desobediencia civil y otros escritos, texto memorable al que los tiempos presentes le renuevan su vigencia, el poeta y ensayista estadounidense Henri-David Thoreau (1817-1862) afirma: “Lo deseable no es cultivar el respeto por la ley, sino por la Justicia”. Es que lo primero deriva de lo segundo. La ley en sí dice Thoreau, nunca hizo a las personas más justas y es inútil invocarla en donde no hay Justicia. Sin Justicia, agrega el filósofo francés Michel Onfray en su Antimanual de Filosofía, la ley se convierte en instrumento de dominación del poder, el derecho se transforma en arma del autoritarismo y los individuos sufren la injusticia del sistema. Si detrás de la ley no hay Justicia aquélla se convierte en letra muerta, y si quienes deben procurar Justicia hacen de ésta una cáscara vacía de sentido, una amenaza ominosa asoma en el horizonte de la vida social. La de que, descreídas de la posibilidad de Justicia, las personas, en la impotencia y la desesperación, confíen en su propia la ley y la apliquen. Cinco siglos después de Thomas Hobbes (1588-1679) la advertencia del autor de Leviatán habrá caído en saco roto y el hombre habrá vuelto a ser el lobo del hombre.
*Escritor y periodista.
