En el marco de esta nota, permítanme llamar “mercado” a la existencia de oferentes y/o demandantes “voluntarios” de un bien o servicio a un precio determinado.
Como es sabido, el problema central de la economía argentina de hoy son la falta de dólares y el sobrante de pesos. Y esto es el resultado de la intervención en los mercados que ha caracterizado a la política económica argentina desde la salida de la crisis de principios de siglo, primero con la necesidad de la emergencia económica y luego como una política deliberada de “redistribución”.
En efecto, lo que nació como una pesificación de tarifas y precios –en el caso de la energía y el transporte– para proteger a los consumidores más necesitados se transformó en una política estructural y definitiva de forzar a los productores y prestadores de servicios a “subsidiar” a los consumidores, o a los productores que utilizan estos bienes y servicios como insumo, con precios lejanos a los “adecuados”, para usar la terminología de la Ley de Abastecimiento, fijados por el secretario de Comercio, de Energía o de Transporte en cada caso.
Claramente, esto no es un mercado, como fue definido más arriba, dado que los oferentes fueron “obligados” a fijar un precio inadecuado. La respuesta fue la obvia. La oferta empezó a caer y, en el caso de la energía, pasamos de exportadores netos a importadores netos. Los servicios, por su parte, comenzaron a deteriorarse, ajustando por calidad, y a requerir fondos públicos para compensar el aumento de costos que no cubrían los precios. Se estatizaron de hecho. Mientras tanto, los demandantes aprovecharon este subsidio para consumir más, no sólo de los bienes y servicios específicos sino también del resto de los bienes, dado que tenían mayores ingresos disponibles y que el resto de los precios de la economía que usan como insumo energía y transporte estaban, indirectamente, subsidiados por este mecanismo. En síntesis, caída de la oferta y exceso de demanda, y presión sobre las importaciones –para completar oferta– y sobre el gasto público –para subsidiar los precios–.
Otro tanto sucedió en los mercados agropecuarios, donde se obligó a los productores de carne, leche, trigo y maíz a subsidiar a consumidores o a otros integrantes de la cadena productiva. En este caso, los productores eludieron el subsidio reemplazando, los que pudieron, sus productos por soja, cuyo precio subía fuerte en el mercado internacional compensando, en parte, los impuestos a la exportación. A la vez, los subsidios directos que se instrumentaron terminaron en un escándalo de corrupción aún no resuelto por la Justicia y, finalmente, algunos precios subieron y otros se mantienen artificialmente más bajos, con prohibiciones de exportar, cupos, etc. En síntesis, “sojización”, caída de la producción y la exportación de muchos productos y, finalmente, todo más caro por la menor oferta.
Sin financiamiento externo, el desaliento a la producción que llevó al estancamiento o a la caída de exportaciones y al incremento de las importaciones derivó en una crisis externa. Mientras, el crecimiento exponencial de los subsidios derivó en una crisis fiscal financiada por la emisión de pesos. Como dijimos, sobran pesos y faltan dólares.
Y allí surge la “última distorsión”: la intervención en el mercado del dólar, racionando los dólares disponibles –control de cambios– y fijando un precio al cual no hay oferentes “voluntarios”; nadie está dispuesto a vender dólares al precio oficial, salvo que no tenga más remedio.
Por supuesto, la solución a todos estos problemas es “normalizar” los mercados, es decir, permitir los precios adecuados para que se retome la producción y haya oferentes donde hoy no los hay, ni de bienes ni de dólares.
Pero eliminar estas distorsiones, en el actual contexto de falta de credibilidad del equipo económico/político, puede generar un shock desordenado, descontrolado y generalizado de los precios y no el cambio de precios relativos que se necesita.
Por eso, lo más probable es que, al menos en el corto plazo, el Gobierno trate de conseguir más oferentes “obligados” en el mercado de dólares y más demandantes “obligados” en el mercado de pesos. Con crédito “obligado” de los importadores, y con desdolarización “obligada” de los exportadores. Lo más probable es que se insista en tener mercados donde no los hay.