Trágica predilección

Porque son todos, no es ninguno. El poder es un infierno en la Argentina. Ejercerlo es confrontar huracanes descomunales. Poseerlo implica sumergirse en la impotencia o asumirlo sin piedad ni reticencias.
Ahí anda Mauricio Macri, el hombre elegido para gobernar la Ciudad de Buenos Aires. Desde que asumió, lidia con las minas subterráneas que le dejaron tapizado su andar. También confronta con la munición gruesa de poderes para los que la voluntad popular expresada en las urnas es apenas una anécdota.
¿Quién gobierna en la Argentina? ¿El que debe hacerlo, por habérselo ganado? ¿El que quiere hacerlo, por puro desmadre de su voluntad? ¿O el que puede concretarlo, porque tiene la artillería simbólica que el caso requiere?
La calamidad de 2001 catapultó a la arena principal a una barra de jueces dispuestos a establecer una nueva manera de administrar justicia. Soberbios, petulantes y despóticos, se valen del vaporoso territorio de los “amparos”, aceptándolos para ejercer a su manera el poder político en aquellos ámbitos en donde no tienen que confrontar con el expeditivo poder de fuego del Gobierno nacional.
A este género de nuevos príncipes y princesas de la magistratura pertenece Elena Liberatori de Aramburu, la jueza que emite decisiones con la intención de modificar la naturaleza representativa que, formalmente, caracteriza a la vapuleada democracia argentina
Liberatori de Aramburu integra el fuero en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad desde el 2 de octubre de 2000. En su momento hostigó a los antecesores de Macri (Ibarra y Telerman), y ahora le corta el paso a Macri. Resuelve que no puede intervenir la obra social de los municipales y que tampoco puede dejar de renovar unos 2.300 contratos temporarios que engrosan el gigantesco plantel estable de asalariados del Estado porteño.
Es la misma mujer que en diciembre de 2004 clausuró una muestra de León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta en la que el genial octogenario exhibía su ya clásico cuadro La civilización occidental y cristiana, pintado en 1965, una devastadora alegoría de los crímenes norteamericanos en Vietnam. Esa decisión de Liberatori fue luego revocada por la Cámara, que la consideró “un atentado grave contra la libre expresión”, reponiendo la visita del público a la exhibición de quien es considerado uno de los mayores artistas visuales vivos de la Argentina y acaba de ser galardonado con el León de Oro de la Bienal de Venecia.
Cofundadora de la denominada Autoconvocatoria por el Derecho y la Justicia, esta mujer es la versión judicial del accionar callejero de los asambleístas y los piqueteros que descuellan en la Argentina. Ella le ordenó, por ejemplo, al Gobierno de la Ciudad construir un hospital en Villa Lugano con 250 camas, para dar cumplimiento a una vieja ordenanza del desaparecido Concejo Deliberante.
En 2005 le embargó el sueldo a Telerman, acusándolo de “no garantizar condiciones dignas de habitabilidad” para quienes levantaron casillas de emergencia dentro de la Reserva Ecológica. Antes, en 2003, ordenó que el Banco Central devolviera 500 dólares mensuales a un ahorrista atrapado en el corralito, por lo cual el entonces juez Mariano Bergés la procesó por dictar fallos contrarios a la ley.
Liberatori, claro, es una operadora política: se ha acreditado su buena relación con el cacique sindical de los judiciales, Julio Piumato, estrecho asistente de Hugo Moyano. Moyano se jugó en contra del nuevo Gobierno de la Ciudad al dar su respaldo a la gerontocracia que maneja el gremio municipal. Acusó a Macri de estar llevando a cabo un “genocidio”.
Esa licuefacción del poder se hizo ya endémica en este país. Las familias de Gualeguaychú que se siguen oponiendo a que funcione la empresa Botnia en la ciudad uruguaya de Fray Bentos enviaron algunas docenas de sus miembros más vociferantes a la terminal portuaria de los ferries que navegan en el Río de la Plata. Querían adoctrinar a los argentinos que se iban de vacaciones al Uruguay. Los consideran traidores a la patria.
El Gobierno, que permite y acepta que la frontera con Uruguay permanezca clausurada, considera que, en cambio, no le conviene que el puerto capitalino sea cerrado por los mismos que tienen bloqueado el ingreso a Uruguay por Gualeguaychú. Así que saturó de prefectos el puerto y no terminó pasando nada, excepto el patético papel jugado por los asambleístas gritando a la distancia.
De los 300 airados manifestantes que se acercaron el martes 15 a la terminal de los ferries, los entrerrianos no llegaban a 100. El resto pertenecía a militantes de los grupos obliterados en la elección de junio de 2007.
En la primera vuelta de esos comicios, para jefe de Gobierno Macri obtuvo casi el 46% y Daniel Filmus casi el 24%, mientras que a Telerman lo voto casi el 21%. Las diferentes candidaturas de la izquierda, sumadas, no llegaron ni al 9%.
Para Diputados, los números fueron también elocuentes: Macri fue votado por más del 44%, el ibarrismo por más del 14%, el kirchnerismo por casi el 11%, la lista de Telerman, casi el 10%, Coalición Cívica por casi el 9% y la izquierda no llegó al 11%. En la segunda vuelta, Macri fue plebiscitado por casi el 61% de los porteños, contra 39% de Filmus.
Esta permanente y exaltada imposición que convierte en entelequia el normal ejercicio del poder surgido de la voluntad democrática no aqueja solamente a quienes ahora dirigen la Ciudad. O al menos, intentan dirigirla.
En el ámbito nacional, ya no es un misterio que a la Argentina la gobierna un binomio, situación que se ha dado sin reformas constitucionales ni plebiscitos. Carlos Menem consiguió en 1994 una reforma aprobada por una convención constituyente con mandato popular y luego ratificada por un referéndum. Trece años más tarde, se advierte que ahora tenemos una institucionalidad modificada, sólo que ahora es de facto.
Según el politólogo Hugo Quiroga, el ex presidente Néstor Kirchner funciona como jefe de Estado, mientras que la presidenta Cristina Fernández lo hace como jefa de Gobierno.
Otra vez la distorsión de la ley, la más acendrada y –en principio– imposible de modificar de las perversiones argentinas. Una distorsión al servicio del bloqueo político, herramienta de disciplinamiento, método de jaqueo sistemático.
Esta jueza, que se creyó con facultades para impedirle a la sociedad ver una muestra de arte, ahora usurpa atribuciones propias del poder político. Porque si se habla de “contratados”, ¿cuánta gente hay en esa condición en la Justicia? ¿Permitiría la señora de Aramburu que el Poder Ejecutivo le armara su plantel laboral en el ámbito de su fuero?
Impostaciones y golpes de escena. Avidez de poder y deleite por la rutilancia del espejismo mediático. Esta es la debilidad congénita de la Argentina, su trágica predilección por la esterilidad.